Después de dos semanas de juicio, presentación de evidencias, declaraciones de testigos y deliberación del jurado, el viernes pasado en el Tribunal Federal de Distrito en Nueva York se determinó que un presidente que había jurado respetar la ley y perseguir a los criminales se terminó asociando con quienes debía perseguir.
Volcando al aparato del Estado a su servicio para que pudieran seguir enriqueciéndose con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
El presidente en cuestión es Juan Orlando Hernández, quien ejerció todo el poder en Honduras por casi una década, entre 2014 y 2022. Tan sólo 19 días después de que dejó la presidencia, fue detenido en su casa, pues en Estados Unidos llevaban años preparando y acumulando evidencias que demostraban cómo su gobierno se había coludido con el crimen organizado y narcotraficantes. Una vez separado del poder, en cuestión de días terminó extraditado, para ser juzgado en el mismo lugar en que figuras como Joaquín El Chapo Guzmán o Genaro García Luna enfrentaban la justicia estadounidense.
Las palabras narcoestado o narcogobierno han sido utilizadas en este caso porque, tal como sucede en otras regiones del continente, no sólo las autoridades ofrecieron protección y garantías para que los narcotraficantes pudieran continuar transportando drogas, sino que pusieron al gobierno a su servicio una vez que se garantizó el flujo de dinero entre los delincuentes y los políticos. Una de las imágenes más claras es que en el remoto y pequeño pueblo de El Paraíso, ubicado en el departamento de Copán, hay carreteras y caminos resistentes, hechos con concreto hidráulico, que no fueron construidos para el beneficio de las comunidades, sino para facilitar el transporte de drogas a Guatemala, pues la comunidad tiene frontera con este país y es un punto estratégico para los criminales.
Quien fuera alcalde de esta comunidad, Alexander Ardón Soriano, está encarcelado en Estados Unidos, pues también era un narcotraficante con disfraz de político, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua. Sus testimonios han revelado cómo el crimen organizado mexicano penetró
financiando las campañas de Juan Orlando mediante entregas millonarias de dinero ilegal a su hermano, así como la manera en que el gobierno operó en favor de los criminales para maximizar sus ganancias a costa de la paz de los hondureños. Durante esos años Honduras se convirtió en el país con la mayor tasa de homicidios en todo el mundo.
Mientras Juan Orlando ejerció el poder, no sólo torció el funcionamiento del Estado para beneficiar a los criminales, sino a él mismo. A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección, un fallo de la Corte Suprema de Justicia le permitió participar de nuevo en las elecciones en 2017. Fue conveniente que, años antes, Juan Orlando había orquestado la destitución de cuatro magistrados que se oponían. Como ése, sobran ejemplos del poder desmesurado que ejerció, pues, como él mismo decía, creía que estaba llamado a que su partido gobernara por 50 años más. Hoy, espera que se le defina sentencia en junio, pero su veredicto ya es un hecho: culpable. En Estados Unidos éste no es el primer ni el último caso de narcopolítica que se juzga, ya veremos cuáles son los siguientes.