La adquisición que el Gobierno mexicano hizo de la empresa Exportadora de Sal (ESSA) es de los contados aciertos que en la materia tiene el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador; la compra originalmente se planteó en la administración de Enrique Peña Nieto, pero no cuajó; hoy, con la compra por 1,500 millones de pesos se termina una larga y fea cadena de abusos y excesos —que podría tipificarse como fraude fiscal— por parte del exsocio, la japonesa Mitsubishi, que lidera Ken Kobayashi; lo malo es que no parece existir un plan de negocios federal para agregar valor a la productora más grande del mundo del mineral básico para todo proceso químico y petroquímico.
ESSA, ubicada en Guerrero Negro, Baja California Sur, posee la salinera más grande del mundo y de la mayor pureza, ubicada estratégicamente frente a los países que más demandan sal para procesos industriales: Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Corea del Sur y Rusia.
Sin embargo, México vende la materia prima en crudo y luego importa productos terminados. La metáfora lopezobradorista diría que exportamos naranjas para importar jugo.
Pero, además de ello, la exportación se hacía en exclusiva con Mitsubishi con precios preferenciales para el socio con el 49% de las acciones, en volúmenes cada vez más pequeños… un socio que le hacía de “chivo los tamales” al Gobierno mexicano.
De ello se percató la actual secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, en virtud de las alertas que hicieron oportunamente el líder sindical de la empresa, Álvaro Miranda, y previamente la directora del Comité de Transparencia, Norma Leticia Morales. ESSA, de haber llegado a producir hasta 9 millones de toneladas anuales de sal durante la gestión de Jorge Humberto López Portillo…, pero que ahora ha caído a unos 5.8 millones de toneladas.
Contabilidad salada y manipulada. ¿Qué se denunció en ESSA? Pues que con un costo de producción promedio de 14 dólares la tonelada, se “promediaba” el precio de transferencia hacia Mitsubishi en 16 dólares por tonelada mediante cuentas de compensación y mediante facturas por presuntos costos y servicios… un precio de venta al socio por debajo del precio de mercado que entre 2014 y 2024 ha oscilado entre 20 y 24 dólares la tonelada.
Al descubrirse esto en 2021, el SAT, en los tiempos de Buenrostro, congeló las cuentas de ESSA, que era dirigida por Nonato Antonio Avilés, despedido por consentir las truculencias. Siendo secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, coloca a un allegado suyo, Gregorio Cavazos, como director de la empresa; sólo duró un año y fue sustituido por otro allegado, Raúl Franco. En “radio pasillo Palacio Nacional” se cuenta que Clouthier abogó para que el Gobierno vendiera su 51% de la salinera a empresarios mexicanos norteños, pero no aceptó AMLO.
Ya en 2024, dado que se habían configurado los posibles delitos de administración fraudulenta, simulación contable y defraudación fiscal, el Gobierno de México ofreció la mitad de la caja disponible de ESSA a Mitsubishi, la cual sin remilgos entregó el changarro en lo equivalente a 7 meses de venta de sal.
El problema es que no hay un plan de industrialización y negocios en torno a ESSA… cuando, con toda seguridad, Mitsubishi buscará cerrar los espacios de mercado a la empresa por ahora encargada a Carlos Patterson.
Glifosato y sucesión presidencial. Al igual que la controversia comercial con EU en torno al maíz amarillo, el glifosato —el herbicida comercial para la agricultura comercial— recaerá en el próximo gobierno, ya sea el de Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, como otras de esas herencias indeseadas del obradorato.
Vaya, diputados de oposición y sectores de la iniciativa privada, junto con senadores de Morena, han expresado su preocupación por las repercusiones de eliminar el uso de este herbicida sin contar con alternativas viables. La Secretaría del Medio Ambiente, de María Luisa Albores, asegura que el herbicida tiene efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente…, pero sin mostrar evidencia científica.
Ya sean diputados de oposición o senadores oficialistas, consideran que sostener el uso del glifosato es esencial para garantizar la productividad agrícola, y por tanto, la seguridad alimentaria del país. Eliminar el herbicida sin un sustituto sustentable a un precio similar, equivale a condenar al hambre a millones de personas que no podrán comprar tortilla o pan “orgánicos”.
Por ello, quien sea la presidenta del país, tendrá la delicada tarea de equilibrar la urgente sostenibilidad ambiental con las necesidades de seguridad alimentaria de las grandes urbes.
Díez Gargari, ánima en pena. Es sabido que el abogado Paulo Díez Gargari se presenta como luchador contra la corrupción. Pero sus acciones, vistas de cerca, tienen sello comercial desde la concesión de las vías férreas del extinto Tren del Mayab en los tiempos de Felipe Calderón y con apoyo del entonces director de Transporte Ferroviario, Arturo Rivera Magaña.
Hoy Paulo Díez litiga contra el Gobierno federal para obtener una indemnización considerada ilegítima: la Secretaría de Economía informó que el abogado inició un arbitraje internacional en contra del Gobierno al reclamar la recuperación del Viaducto Bicentenario.
No es la primera denuncia con que este personaje busca tomar concesiones de la hispana OHL que hoy son propiedad de Aleatica, como las correspondientes a las autopistas Amozoc-Perote, Libramiento Xalapa, Chamapa-Lechería y Circuito Exterior Mexiquense.
Pero en todas ellas se declaró el no ejercicio de la acción penal pues careció de legitimidad para solicitar los rescates de dichas concesiones… lo cual es casi un hecho con el Viaducto Bicentenario.
