Las elecciones y los apoyos sociales

BAJO SOSPECHA

Bibiana Belsasso*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. larazondemexico

Los dirigentes de Morena y sus aliados constantemente están repitiendo en sus discursos que hay que votar por el Plan C, para que el ahora partido en el poder pueda mantener la mayoría calificada en el Congreso.

Por supuesto que tener mayoría calificada en el Congreso resulta importante para quien gobierne porque así no tiene contrapesos.

Pero en esta campaña se está llamando a votar por los candidatos de Morena y sus aliados de una forma engañosa, diciendo que sólo así se podrán “blindar” los apoyos sociales.

Incluso, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ha dicho que se tiene que consolidar el Plan C para mantener en la Constitución los recursos que la llamada Cuarta Transformación “les arrebató a los gobiernos corruptos del pasado”.

Esto es una mentira, primero porque los programas sociales están en la Constitución, y segundo y más importante, es que la política social de México existe hace más de 80 años.

Con el paso del tiempo han cambiado de nombre, su presupuesto aumenta o reduce según la importancia que tengan para el gobernante en turno, y la prioridad pasa de un sector a otro, ya sea que para un presidente la urgencia sea el campo, los jóvenes, las comunidades indígenas o los adultos mayores.

Es verdad, los montos destinados a los programas sociales en este sexenio han aumentado, pero porque demográficamente como país también ha crecido el número de habitantes, también han crecido algunos apoyos que ya están en la Constitución.

Además, se está entregando más dinero en efectivo a las familias, que algunos programas que beneficiaban mucho. Por ejemplo, hoy hay una beca de 920 pesos mensuales por estudiante en edad inicial hasta el bachillerato por 10 meses al año, porque no incluye los meses de vacaciones. Son nueve mil 200 pesos al año. Si tomamos la base de los 10 meses, estamos hablando de unos 30 pesos diarios por estudiante.

En cifras aproximadas por 30 pesos diarios, los alumnos se quedaron sin escuelas de tiempo completo, y sin desayunos o comidas escolares.

Con el riesgo de que ese dinero no se destine a los niños, porque los padres de familia lo pueden usar para lo que quieran. Justo esta semana me platicaba una señora que su exesposo, que no la apoya económicamente y estaba además cobrando las becas de sus tres hijos, por supuesto que ese dinero no lo entregaba para el apoyo de los menores de edad.

¿Cómo se lleva un control de a quién se le entregan las becas, y si estos beneficiarios realmente cumplen con los requisitos?

Lo decía hace unos meses el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Carlos Urzúa, que había 600 mil familias fantasma que cobraban la pensión del bienestar de adultos mayores, pero que, según datos del Consejo Nacional de Población, no coinciden con el número de adultos mayores del país.

Programas siguen, pero con distinto enfoque

Funcionarios del Gobierno de la CDMX durante la entrega de la Pensión para el Bienestar, en imagen de archivo.

Los programas sociales en México tienen décadas de existir. Por ejemplo, los desayunos escolares no fue un programa creado en los gobiernos recientes o llamados gobiernos neoliberales, viene desde 1961 cuando el entonces presidente Adolfo López Mateos, junto con su esposa, Eva Sámano, comenzaron a entregar desayunos escolares para los menores de edad que muchas veces llegaban a la escuela con el estómago vacío, y sin alimento no se puede estudiar.

Hoy ese alimento, que muchas veces era el único del día, ya no está, como tampoco esa beca alcanza para los útiles o uniformes.

Desde los años sesenta había no sólo desayunos, sino que daban servicios de guarderías, jardín de niños, orientación nutricional, dispensario, banco de leche y centros de rehabilitación para personas con discapacidad.

Claro, estos programas iban de la mano con condicionantes como llevar a los niños a clases y además para poderlos inscribir se requería de la cartilla de vacunación.

Hoy no se pide la cartilla de vacunación, se dejaron de hacer las jornadas de vacunación que llevaban décadas funcionado casi a la perfección en México.

Ahora, en un mes se triplicaron casos sospechosos de sarampión y rubéola. El día de ayer, La Razón publicó que, ante el aumento de enfermedades como el sarampión, se va a iniciar una nueva campaña de vacunación, pero que los padres de familia no estaban llevando a sus hijos a vacunar.

En esta campaña se prevé aplicar 6 millones de dosis en el país. En muchas entidades se asegura que sí hay vacunas, pero que los padres no llevan a sus hijos a los centros de salud. Hoy muchos niños, niñas y jóvenes no tienen protección.

Por eso funcionaban muy bien en gobiernos anteriores, los apoyos se brindaban si los padres de familia cumplían con ciertas obligaciones para con sus hijos, como la cartilla de vacunación.

Las políticas sociales son fundamentales para el desarrollo de un país y para poder apoyar a quien lo necesita. Pero de la mano de los apoyos sociales tiene que haber sistemas de salud que funcionen eficazmente, educación y seguridad además de los servicios básicos.

Los programas sociales también se han fortalecido en la historia como por ejemplo en el gobierno de Luis Echeverría, donde las ayudas no sólo incrementaron, sino que también fueron la base del llamado “clientelismo”.

Con José López Portillo (1976-1982) continuaron los apoyos para habitantes de zonas rurales marginadas. Surgieron el IMSS y el sistema de tiendas rurales Diconsa.

Los Sistemas Alimentarios Mexicanos llegaron con el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), con ello se buscaba establecer canales de distribución y acceso a la alimentación entre los sectores de menores recursos.

Mientras que Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) implementó el Programa Social Solidaridad dirigido a campesinos, indígenas y habitantes de zonas marginales de las grandes ciudades, como la capital del país.

Este programa social se transformó en Progresa con Ernesto Zedillo (1994-200), que buscaba mejorar las condiciones de bienestar de la población con mayores índices de marginación en el país.

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se presentó Oportunidades, que daba continuidad al programa social de sus antecesores.

Además, puso en marcha los microcréditos, llamado “changarros”, dirigido a la población más pobre del país, el cual pretendió que personas en pobreza iniciaran o desarrollaran un negocio personal o familiar.

Con Felipe Calderón (2006-2012), incrementaron al 2.6% del gasto. Su programa estrella estaba enfocado a la Política Familiar.

Durante la administración de Calderón se multiplicaron los programas federales y estatales. De acuerdo con el Catálogo de Programas Federales, elaborado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

Ya con Enrique Peña Nieto (2012-2018) los programas sociales federales representaban casi el 5% del gasto. Incluía a Prospera con el que daba continuidad a los programas anteriores de Oportunidades y Progresa de Fox y Zedillo, respectivamente.

Con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha anunciado que este año electoral han incrementado las pensiones de adultos mayores y muchos otros apoyos.

Pero no hay que confundirnos, la política social ha existido desde hace años en México, no es exclusiva de esta administración.

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