El 30 de septiembre de 2020, el abogado Paulo Díez Gárgari encabezó un grupo de personas que bloqueó por hora y media el Viaducto Bicentenario, la autopista urbana elevada que conecta al Estado de México con la CDMX sobre el Periférico Norte, para protestar contra el concesionario, el fondo de inversión internacional Aleática; el abogado de Infraiber fue acusado de interrupción a las vías generales de comunicación en la Fiscalía del Estado de México; ese acusado elevó su caso ante la Fiscalía General de Alejandro Hertz Manero al considerar que ahí ganaría su caso… pero, sopas, esa fiscalía ya solicitó la mayor pena posible contra Díez Gárgari.
El personaje en cuestión trae pelito casado contra Aleática, que adquirió las concesiones carreteras que pertenecieron a la española OHL, pues busca que le regresen a Infraiber (que pertenece a Pedro Topete) el contrato de servicio de contabilización de pase de autos en las autopistas mexiquenses de cuota y/o le resarzan con varios cientos de millones de dólares que, alega, dejaron de ganar por un servicio que no funcionó.
Tal es la desproporción de ese reclamo que hace unos años Díez Gárgari aseguró que el funcionario, que dio marcha atrás al contrato de Infraiber, el entonces secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza, en verdad no había muerto si no que se había “auto desaparecido” para evitar presentarse ante la FGR por las acusaciones hechas por su Infraiber.
Por esa extrasensorial capacidad de resucitar a los muertos, aquí se le llamó “El Nigromante Díez”. Pero son muchos los sustos que se lleva quien invoca espíritus chocarreros.
Y es que la FGR, tras realizar una investigación complementaria, concluyó que existen elementos suficientes para formular una acusación formal contra Paulo Díez —mediante un oficio de acusación formal— y solicita que un juez federal le dicte al abogado la máxima pena aplicable por la toma del Circuito Bicentenario, considerando el dolo con el que llevó a cabo sus acciones.
Y es que trascendió que en la acusación, la agente del ministerio público Michelle Soto Velazco invoca el artículo 533 de la Ley de las Vías Generales de Comunicación, donde se establece como delito ese tipo de interrupciones, que ameritarían como pena máxima 7 años de cárcel y la multa de 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s). El chirrión se le volteó.
Díez se buscó solito esa bronca: fue advertido explícita y directamente por la Secretaría Federal de Seguridad y Protección Ciudadana de que su intención de tomar el Viaducto Bicentenario en 2020 no cumplía los supuestos de una manifestación pacífica… pues siendo una vía elevada y de alta velocidad, comprometía la seguridad de los usuarios.
Pero el abogado nigromante litigó el asunto ante la instancia federal, incluso con el absurdo de denunciarse a sí mismo ante la FGR, para ahora sólo enfrentar la acusación de la Fiscalía de la que esperaba cobijo.
Ni modo. Ahora habrá que ver que deciden los jueces que llevan el caso.
Miguel Hidalgo, la economía chilanga mas fuerte. Recientemente el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), que dirige Valeria Moy, dio a conocer su primer reporte en el que señala la capacidad que tienen las alcaldías para generar, atraer y retener el talento y la inversión en capital. Era intuitivo, pero la investigación demostró que Miguel Hidalgo es la demarcación con la economía más firme de la capital pues alberga el mayor número de sectores económicos, la que presentó la mayor tasa de solicitudes de patentes y contiene la mayor proporción de empresas.
El documento titulado “Radiografía Chilanga” destaca un círculo virtuoso en Miguel Hidalgo: la política del gobierno de Mauricio Tabe es aliada de emprendedores, inversores y empleadores… lo cual atrae más talento, inversión y por ende, genera mayor número de empleos y riqueza. Así se refuerzan los informes de los dos últimos años de la SEDECO capitalina que colocan a Miguel Hidalgo como la alcaldía que más empleos formales genera, con una de cada tres plazas de la CDMX.
Fracaso Alimentario. No hay una sola razón, pero todas confluyen al fracaso de la política pública para la producción de granos básicos del país durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador: un nivel históricamente bajo de 47% es lo que se espera se registre este año en la producción de maíz, trigo, frijol, sorgo y arroz, es lo que presentó el Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios, que dirige Juan Carlos Anaya. Esta semana pasa ante la mesa de trabajo de la Comisión de Recursos hidráulicos de las Cámara de Diputados titulada “El uso del agua en la agricultura”; ahí, Nahúm Hamed García Villanueva, Gerente de Distritos de Riegos de la Conagua, destacó la creciente dependencia de importaciones. Un aumento exorbitante, es posible explicar, por la creciente demanda en las ciudades y la reducción de la productividad media que, en el caso del arroz llega a 21% y por ende se deberá importar 79% de ese grano.
Este es un tema que, definitivamente, tendrán que abordar Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum en sus campañas.
