Desde 1994, la judicatura federal ha tenido grandes avances que han permitido a los mexicanos vivir en una sociedad menos injusta. Al mismo tiempo, al interior del Poder Judicial persisten graves defectos como el nepotismo y la corrupción.
En este espacio he tenido la oportunidad de mostrar la existencia de redes de complicidad entre jueces y magistrados de diferentes circuitos que, contraviniendo la ley, emplean a sus parientes directamente o mediante arreglos con sus colegas. También las trampas cometidas en la aplicación de los exámenes de oposición. O la larga lista de irregularidades que han tenido lugar en la construcción de inmuebles en todo el país.
Sin embargo, la investigación iniciada el 9 de abril en la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Consejo de la Judicatura Federal pertenece a otra liga. Los hechos denunciados de manera anónima se refieren a conductas que presuntamente tuvieron lugar entre 2019 y 2022. Entre los funcionarios del Consejo denunciados se encuentran no sólo los exsecretarios generales de la presidencia y de disciplina, la Contralora, el titular de la unidad de responsabilidades administrativas y los exdirectores de los Institutos de Especialistas de Concursos Mercantiles y de la Defensoría Pública, sino también el expresidente de la Suprema Corte. Según la denuncia, éste último, valiéndose de los servidores públicos acusados, ejerció presión sobre 70 juzgadores para que resolvieran de manera determinada ciertos asuntos a su cargo. La manera de operar en algunos casos fue mediante la promesa de beneficios (políticos, económicos, mejores adscripciones o ratificaciones), pero en otros hubo extorsiones y amenazas de iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones usando quejas existentes o inventando algunas.
La denuncia involucra a 29 jueces de Distrito, 39 magistrados de Circuito y dos secretarios en función de juzgadores que voluntaria o involuntariamente habrían cedido a las supuestas presiones.
A diferencia de casos previos, los hechos denunciados involucran a los más altos niveles de decisión del Consejo de la Judicatura, incluyendo a su expresidente. La gravedad y extensión de lo denunciado es mucho mayor que cualquier otra acusación previa. De ahí que la presidenta de la Suprema Corte estuviera obligada a ordenar una investigación. El momento político, sin embargo, opera contra los resultados de la pesquisa. Faltando menos de dos meses para las elecciones, cualquier hecho relevante adquiere un tinte electoral, más en este caso en el que el principal acusado presenta un alto perfil político partidista. El interés público demanda que se realice una investigación seria, sin revanchas ni complicidades.
