Aparejada a la guerra de solicitudes de juicio político desatada por la investigación del Consejo de la Judicatura Federal al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, y la que junto con Morena presentaron contra la actual titular de la misma, Norma Lucía Piña Hernández, a la que respondieron los partidos políticos que apoyan a la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, urgió a que se investiguen las reuniones secretas en las que operadores del ministro en retiro presionaban y amenazaban a jueces y magistrados, que tenían a su cargo “casos de interés” para el Gobierno federal.
Esas reuniones, según han revelado los mismos juzgadores, se realizaban en un despacho del piso14 del edificio de la Judicatura, en la avenida Insurgentes Sur, bajo vigilancia de escoltas armados y obligados a entregar celulares, computadoras y registros de bolsas, a las que eran citados sin explicar motivos, hasta que, el exsecretario general de esa dependencia, Carlos Antonio Alpízar, bajo amenaza, dijeron, les daba línea de cómo resolver asuntos a su cargo.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Mientras un supuesto “error”, atribuido, como siempre, a los asesores, obligó a suspender la sesión en que se discutiría y aprobaría en la Cámara de Diputados la reforma de pensiones, en el Senado se le dio luz verde a la Ley de Amparo, declarada inconstitucional por la oposición que anticipó que acudirá a la Suprema Corte, y se turnó a San Lázaro.
El “error”, advertido por diputados de la bancada del PAN en el controvertido caso de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, fue que el dictamen aprobado en la Comisión de Seguridad Social que se iba a discutir fue modificado, lo que obligó a decretar un receso “para dialogar sobre lo sucedido”, dijo el líder de la diputación de Morena, Ignacio Mier.
Sigue la mala suerte y los desplomes en la construcción del “inaugurado” Tren Interurbano México-Toluca, ahora por el de una lanzadora de dovelas, la madrugada de ayer en la alcaldía Álvaro Obregón que, según el lenguaje morenista del gobierno capitalino, “se desplazó hacia el piso”, sin que, por fortuna, hubiera víctimas, como en ocasiones anteriores.
Los magistrados del Tribunal Electoral le asestaron un boxístico uno-dos a candidatos de la oposición: al que iba por una diputación federal, Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, lo dejó fuera y al perseguido peñista blanquiazul, Ricardo Anaya, le confirmó la candidatura al Senado.
Ahora fue por el presunto “manejo ilegal” de pensiones no reclamadas en las Afores, contra las que arremetió el Presidente López Obrador en su mañanera de ayer.
