En México tenemos una larga tradición de mecanismos institucionales para hacer frente y prevenir violaciones a los derechos humanos, así como para visibilizar la importancia de éstos.
Uno de los derechos que más se viola en nuestro país es el de la igualdad y la no discriminación, e instituciones como Conapred y Copred son las que velan por este derecho, establecido en el artículo primero constitucional donde queda prohibida toda discriminación.
Al tratarse la discriminación de una problemática estructural, la mejor manera de combatirla debe ser mediante la prevención y por supuesto, mediante el fomento a una cultura libre de violencia. Ahora, la importancia de estas instituciones ha sido tal, que hoy en día representan un contrapeso para eliminar la discriminación, tanto del sector privado como público con la atención de quejas de personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad.
Durante este sexenio hemos constatado cómo hay una intencionalidad de eliminar o controlar a instituciones o mecanismos garantes de los derechos humanos, y desafortunadamente Conapred, fundada por don Gilberto Rincón Gallardo, fue una de estas instituciones que, aunque no es un organismo autónomo, ha sido vapuleada, desde la máxima tribuna, solicitando su desaparición, y que para infortunio para la Conapred repercutió en la renuncia de Mónica Maccise Duayhe, y dejó al organismo casi dos años sin dirigencia, nombrando posteriormente a Claudia Morales Reza, quien ahora a través de un comunicado enviado por excolaboradores/as hablan de cómo esta institución, dedicada a eliminar la discriminación, ha caído en malas prácticas, abuso y violencia tanto al interior como al exterior, es señalada como quien ha abusado de la confianza que le ha brindado el Presidente de la República, que descuida sus funciones y que ha creado un clima laboral tóxico autoritario y de alta violencia. Creando una paradoja donde quien debe ser la persona guardiana, se convierte en el verdugo, poniendo en tela de juicio la credibilidad y eficacia de la institución y también afectando la confianza ciudadana, que debe considerarse como pilar para una institución encargada de combatir la discriminación.
No es la primera vez que Conapred enfrenta una situación de incompetencia de tal magnitud, hay que recordar que el 30 de noviembre de 2009, fue solicitada la destitución de la presidenta Perla Patricia Bustamante Corona por razones similares a través de la Asamblea Consultiva de este organismo. Ahora como antes, esta Asamblea Consultiva tendrá en sus manos poner al Conapred en el lugar que la misma Constitución Mexicana le mandata como organismo, al decir que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, y quedando así prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.