Aprueban oootra vez Pensión Bienestar

PULSO POLÍTICO

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: larazondemexico

Tras ser atrapados en una ilegalidad descubierta por la oposición panista, al pretender discutir un dictamen de reforma para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, distinto al aprobado en la Comisión de Seguridad Social, entre reclamos de integrantes de las bancadas de oposición, diputados de Morena y sus aliados volvieron a aprobarlo ayer para discutirlo en el pleno de la sesión del próximo lunes, no sin antes exigir la renuncia del secretario técnico de la misma por el “gravísimo error” en ese proceso legislativo.

La principal modificación que originó este embrollo fue el traspaso de las cuentas activas de trabajadores de más de 75 años a ese Fondo, no sólo las no reclamadas, como se había aprobado la víspera, lo que fue advertido por el coordinador de la bancada panista, Elías Lixa, y el diputado de la misma, Jorge Triana, quien alertó que en el dictamen modificado se proponía crear ese súbito cambio.

DE ESTO Y DE AQUELLO… 

Al menos de desmesurada fue calificada esa declaración del Presidente López Obrador de que “si se va —Carlos Antonio— Alpízar de la Secretaría de Gobernación, señalado como principal operador de Arturo Zaldívar para presionar y amenazar a jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, Norma Lucía Piña tendría que dejar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, “por estar implicada”.

Todo, porque ella ordenó al Consejo de la Judicatura Federal, del que Alpízar fuera secretario de la presidencia, investigar las denuncias contra el hoy funcionario de la Segob cuando estuvo al frente del mismo, y cumplía instrucciones del ministro en retiro para entrometerse en el Poder Judicial, en “asuntos de Estado”, como el mismo Presidente lo reveló en su mañanera del 21 de febrero pasado.

Por lo demás, a diario se conocen al detalle casos en los que el personal judicial fue obligado, bajo diversas amenazas, como cambios de adscripción laboral, despido o supuestos ilícitos, para que no concedieran amparos que frenaran algunas costosas y opacas obras del Gobierno federal.

Los recientes asesinatos de jóvenes en las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa y la repentina cadena de clausuras a modestos negocios y establecimientos comerciales en distintos rumbos de la capital, además de infundir miedo, genera reclamos a autoridades y exigencia de que cesen esos hechos.

Día a día, son más y más los legisladores que por temor, conveniencia, o expedientes abiertos, no han dudado en dejar atrás supuestas “respetables trayectorias”, que han llegado a extremos de vergonzoso servilismo para seguir en cargos de elección o favorecer a familiares cercanos en futuros cargos públicos.

Listo para este domingo el segundo “debate chilango” de candidatos a gobernar la capital: Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivski.

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