No debería haber una zanja ideológica en materia de reforma penal entre el grupo gobernante y el Poder Judicial. Pero la hay.
No debería, porque la sociedad mexicana considera que la inseguridad es su principal problema y, así como al inicio del sexenio varias reformas constitucionales se lograron por consenso de Morena y los partidos de oposición, con mayor razón debería haber un acuerdo nacional para frenar la violencia. Hay una zanja ideológica porque, como una bola de nieve, los desacuerdos entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial Federal han ido creciendo, formando una avalancha. En vísperas del cambio de gobierno, la Suprema Corte es tratada por el Gobierno como si fuera una extremidad de la oposición del PRIANRD.
Todo comenzó con la controversia acerca de los topes salariales a ministros, magistrados y jueces. Después se consolidó el enfrentamiento cuando, sin la mayoría en el Congreso, el Presidente y su partido trataron de pasar su reforma energética mediante leyes secundarias. Tanto los jueces de amparo como la Suprema Corte los pararon en seco. Entonces la mayoría gobernante se fue sobre los fideicomisos que habían ido constituyendo los jueces. Por si fuera poco, la llegada de la ministra Piña a la presidencia de la Corte fue considerada como una victoria de la oposición.
Pero los ciudadanos mexicanos debemos expresar a los políticos y al Poder Judicial Federal que no queremos ser las víctimas de esa polarización, esa en particular. Cuando ocurre una pifia, los jueces dicen que los fiscales y la Guardia Nacional no hacen bien su trabajo; pero es innegable que también está el conflicto larvado que hemos descrito. Nos afecta a todos que ocurran fugas de peligrosos criminales por la vía procesal y que inocentes pasen décadas de su vida en prisión.
Claudia Sheinbaum declaró que sería “gravísimo” que la Suprema Corte elimine la prisión preventiva oficiosa, pues supuestamente más de 60 mil personas saldrían de prisión y volveríamos a los niveles más altos de inseguridad. Los adversarios de la candidata pueden caer en la tentación de burlarse para oponerse, para criticar, para contrapesar. Pero más vale evaluarlo, estudiarlo con responsabilidad, proponer medidas alternativas a la prisión preventiva oficiosa que sean compatibles con los derechos humanos, y que no aumenten ni un ápice la violencia y la impunidad.
En Francia, el ministro de justicia Éric Dupond-Moretti propuso el 28 de abril una reforma para luchar más eficazmente contra las mafias, el tráfico de drogas y las ejecuciones por ajuste de cuentas. Se trata de seguir el ejemplo de Italia, donde los testigos protegidos son una herramienta muy importante. A diferencia de México, la discusión no está polarizada entre el Gobierno y adversarios que se envuelvan en la supuesta bandera de los “derechos humanos” (entendidos desde una doctrina penal única y dogmática). Luigi Ferrajoli, el garantista italiano del que aquí tantos abusan, en Francia e Italia no es tan importante. Importa más el sentido común, la prudencia (jurisprudencia). Dejemos las rencillas políticas y las modas intelectuales, vivimos en el país más violento del mundo.