La tradición del autonomismo universitario latinoamericano, con todas sus grietas en el siglo XXI, asegura un rechazo instintivo a las escenas de militares o policías reprimiendo protestas estudiantiles o avanzando sobre el campus de una universidad. Lo que hemos visto en Columbia, Austin, Tulane y decenas de universidades estadounidenses será siempre reprobable desde esa tradición, sea cual sea la causa que moviliza.
Del Manifiesto Liminar de Deodoro Roca y la Federación Universitaria de Córdoba, en 1918, al Cordobazo, cincuenta años después. De la intervención del ejército en la UNAM ese mismo año, 1968, a las incursiones militares en las universidades de San Marcos y La Cantuta, ordenadas por Alberto Fujimori en Perú, en 1991, el siglo XX latinoamericano inclina la balanza hacia el rechazo.
En este caso, el origen no es otro que la sucesión de manifestaciones en contra del genocidio en Gaza —término que los estudiantes toman del caso presentado por Sudáfrica en La Haya— y del respaldo de Estados Unidos a Israel. Ambas cosas son incontrovertibles y sustentan la movilización de las protestas estudiantiles, mayoritariamente pacíficas. Por supuesto que, como en todo movimiento estudiantil, ha habido actos violentos y vandálicos y las demandas se han extremado al punto de pedir la destrucción de Israel.
Pero, ¿esos extremismos justifican el abuso policiaco, la represión de los estudiantes y el control de los recintos por las fuerzas de seguridad? Ciertamente no, y varios casos de universidades, donde sus liderazgos profesorales y estudiantiles han logrado evitar la entrada de la policía, demuestran que la única salida no es la represión.
Habría que admitir, de entrada, que las distintas variantes del conflicto no soportan generalizaciones políticas. Ha habido universidades, como las ya citadas, en que las intervenciones policiacas desmantelaron a la fuerza los campamentos. Otras como UCLA se convirtieron en campos de batalla entre estudiantes pro-palestinos y manifestantes pro-israelitas, antes de la acción de la policía.
En muy pocas, como Wesleyan University, las autoridades universitarias garantizaron condiciones para la protesta pacífica de los estudiantes y la instalación de sus campamentos. Como se ha recordado en estos días, ésa es la solución más acorde a instituciones educativas que han aprendido las lecciones del 68 y que entienden que el derecho a la protesta es esencial en la cultura política estadounidense.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias inocultables, las generalizaciones se multiplican. Empezando por el propio presidente Joe Biden, quien puso el énfasis en los episodios de violencia y las demandas más extremistas. Lo cierto es, como sostienen Amnistía Internacional y otros organismos globales, que el movimiento es primordialmente pacífico, propalestino y antisionista, pero no antisemita, terrorista u opuesto a la existencia del estado de Israel.