Es ilegal y vil divulgar los datos personales de una familia, desde el poder, como ocurrió con María Amparo Casar. También está prohibido intervenir líneas telefónicas privadas, incluso si es para exhibir posible corrupción, como ha ocurrido con las llamadas divulgadas de diversos contratistas en el sureste
Pero no conozco a nadie que condene, simultáneamente, esas dos acciones ilegales. ¿La ley es la ley cuando nos gusta?
Las películas de superhéroes son aleccionadoras. Los ciudadanos disfrutamos cuando personajes salvadores, El Santo o Batman, le dan su merecido a los villanos por fuera de lo establecido. Esos personajes rompen la legalidad por una causa superior, haciendo justicia por propia mano, violando domicilios privados, golpeando hasta la inconciencia al villano, etc. La justicia vence, aunque se quebrante la norma. Superman y el Hombre Araña complementan a la policía, toman en sus manos la lucha contra el mal y, al final, autoridad y sociedad aplauden, haciéndose de la vista gorda por los artículos de la ley vapuleados.
Las campañas electorales se parecen más a películas de superhéroes que a procesos judiciales. No sería un consuelo regresar a la época en que no se violaban tan descaradamente las leyes de protección de datos personales y de privacidad de las comunicaciones, pero en lo oscurito campeaban la impunidad y la corrupción, el influyentismo y los moches.
Seamos optimistas. Supongamos que a partir del 1º de octubre tocará ser ya un país serio. No una mala película de superhéroes. Para acabar con las intervenciones telefónicas ilegales tendrían primero que terminar las asignaciones directas de contratos públicos a los amigos. Pero para que esto último ocurra, la izquierda exigirá que sus adversarios no puedan ganar las elecciones a billetazos. Ni un dinero ilegal, ni el otro. Por lo tanto, no dejará de haber espionaje político mientras no haya licitaciones abiertas, ni habrá éstas mientras empresarios puedan comprarse elecciones.
La alternativa es un pacto para la segunda transición. Segundo chance. Para que no haya elecciones de Estado se debe acordar que tampoco habrá votaciones al mejor postor. Austeridad electoral de ambos bandos. En vez de propaganda infinita, pagada con recursos ilegales, debe haber espacios limitados dónde colocarla. Mamparas afuera de los palacios municipales y algunos otros lugares claramente delimitados. Y, como en otros países, que sólo puedan ampliarse esas áreas cuando cada ciudadano exhiba su preferencia en la fachada de su casa o en su auto (no en un anuncio espectacular), a partir de un auténtico apoyo popular (no de la imposición del dinero ilegal, público o privado).
En cuanto al influyentismo, que es conceder desde el Gobierno favores indebidos, éste equivale a un programa “social” para las élites, focalizado y, este sí, abusivo. Esperemos que con la digitalización que permite circular la información a toda velocidad, esta forma de favoritismo se vaya acabando.
Sigan peleándose, candidatas y candidatos, pero el 3 de junio empecemos a repensar la segunda transición democrática.