Las elecciones son costosas. Las elecciones modernas son mucho más costosas que en el pasado y la influencia del dinero en la política siempre estará presente. Y, sin embargo, las reglas sobre lo que se puede y no se puede hacer con el dinero en las elecciones son tan importantes que, en algunos casos, pueden llevar a la posibilidad de meter a la cárcel a un expresidente.
Se trata del primero de cuatro casos judiciales en contra de Donald Trump que lo ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados, frente a un juez y un jurado, que ha acaparado la atención de todos los medios estadounidenses y que, desde fuera, puede ser visto con más preguntas que respuestas. ¿Por qué me estoy enterando qué color de pijama satinada utilizaba Trump para recibir a las invitadas a su suite? ¿Por qué se está discutiendo públicamente cada morboso detalle de las relaciones íntimas entre Trump y una actriz de contenido para adultos? Pueden ser algunas de las preguntas que salten primero a la mente. Curiosamente, el corazón de este caso es una violación a la normatividad de gastos de campaña.
Si Stormy Daniels, la actriz en cuestión, estuvo frente a un tenso interrogatorio de más de 8 horas, es porque en 2016, cuando Trump buscaba por primera vez llegar a la presidencia, pagó dinero ilegal a la actriz para que la historia no saliera a la luz y que el escándalo no afectara su reputación en un momento tan delicado. El encargado de gestionar los pagos en ese momento era el abogado personal de Trump, Michael Cohen. Si hoy el caso ha llegado a Trump ha sido también porque sus cómplices ya han confesado y sido sancionados. Cohen se declaró culpable después de ser arrestado en 2018 y fue sentenciado a 3 años de pérdida de su libertad.
El modelo estadounidense de financiamiento de campañas políticas es intrincado y complicado, pues se trata de auténticas industrias que manejan cantidades exorbitantes de dinero. Por poner un ejemplo, en la elección de 2020 Joe Biden reportó haber gastado 1,690 millones de dólares, mientras que Trump declaró 1,960 millones de dólares. Juicios como el de Citizens United contra la Comisión de Elecciones Federales en 2010 quitaron el freno a las donaciones de dinero para la política, pues equipararon el derecho a la libertad de expresión a la libertad de donar para apoyar a uno u otro candidato. Desde ahí el dinero inundó y profundizó la influencia de los más ricos en la política estadounidense. Sin embargo, ese enorme caudal de dinero sigue siendo sujeto de ser reportado a detalle y revisado. El pago ilegal a Stormy Daniels tiene a Trump en juicio porque se trató de una aportación no reportada. El incentivo del sistema no es inhibir el gasto, sino transparentarlo.
Comparado con México, los números palidecen, pues según nuestras leyes, una campaña presidencial en 2024 no puede gastar más de 41 millones de dólares. Sin embargo, hemos documentado ampliamente cómo el gasto real es hasta 25 veces superior. A pesar de ello, sólo podemos especular, pues la transparencia de los recursos no es el fuerte de nuestro sistema. ¿Qué es mejor, dinero a raudales que no se reporta o dinero a raudales que se reporta?