Así, con esas palabras y sin tapujos, catalogó al conjunto de prácticas de cobranza de impuestos puesta en marcha durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el experto en materia tributaria Augusto Fernández Sagardi, de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscalistas, durante el foro Seguridad Jurídica, Estado de Derecho y Política Fiscal efectuado en la Ciudad de México a mediados de la semana pasada.
Un tema que a muchos atemoriza mencionar, precisamente y como apuntaron los especialistas participantes, el miedo se ha convertido en una estrategia de “terrorismo fiscal” para obtener cada vez mayores recursos… aunque el dinero luego se dilapide en disparates.
Los expertos en derecho fiscal realizaron una evaluación del sexenio que termina, coincidieron en apuntar el “rol extorsionador y mañoso” que ha tomado tanto la recaudación como las autoridades fiscales para lograr objetivos políticos en el gobierno obradorista, pero con deficiencias en su capacidad recaudatoria para, luego de cobrados los impuestos, realizar gasto desmesurado en las obras faraónicas.
La imposición del gobierno sobre los derechos de los contribuyentes, destacaron expertos como Ricardo Mendoza, se refleja en la institucionalización del “terrorismo fiscal” en especial sobre los grandes contribuyentes para lograr que “paguen algo” aunque no corresponda al desempeño efectivo de las empresas. Para esa práctica, expusieron, las autoridades fiscales y el propio Ejecutivo federal han recurrido a la vulneración del secreto fiscal durante las conferencias mañaneras, para ejercer presión política con una exhibición pública de las compañías. Además, el uso de la cancelación de los timbres fiscales que paralizan las actividades de las empresas, así como la investigación selectiva se consideró como una práctica de regímenes autoritarios, una cacería de brujas que dice perseguir a “factureros” y “outsurceros”.
Vaya, el académico Juvenal Lobato de la UNAM destacó la indefensión de los contribuyentes, acusando al titular de Prodecon de desatender su función, en desdeño total a los ciudadanos.
Considerando que los litigios fiscales los atiende el Poder Judicial, los juristas presentes en el foro no dejaron de advertir el constante ataque de López Obrador y sus funcionarios contra jueces, magistrados y ministros que ahora encabeza Norma Piña. Al respecto, Cuauhtémoc Reséndiz, del Colegio General de la Abogacía Mexicana, puso como ejemplo máximo el que un ministro de la Suprema Corte (Eduardo Medina Mora) por presiones del Ejecutivo y otro se haya sumado a ese mismo gobierno (Arturo Zaldívar), sometiéndose a un interés ajeno al que juró proteger.
Y bueno, Arturo Pueblita del INCAM cerró el foro afirmando que, ante la ineficacia de las primeras instancias de acercamiento de los ciudadanos con la autoridad, éstos acuden al Poder Judicial; y sabiendo esto, expresó que el Ejecutivo utiliza a sus funcionarios, incluidos los de altos niveles como el titular del SAT, para presionar a los jueces y lograr sentencias favorables.
La conclusión de estas prácticas ejercida durante un sexenio no pudo ser más dura: la vulnerabilidad a la que ha sido orillado el Estado de derecho socava la competitividad del país y significa un riesgo inminente para la supervivencia de la democracia.
Dentro de una semana, habremos elegido para donde marcha México.
Taboada: “Cero tolerancia” a la extorsión. El programa Blindar Benito Juárez permitió a la administración de Santiago Taboada ahuyentar a los “cobradores de piso” de la demarcación con mayor desarrollo humano de México. El hoy candidato de la alianza Va por la CDMX ha planteado que una de las acciones irreductibles de su eventual gobierno capitalino será atajar sin cortapisas ni titubeos a la extorsión, pues se trata de uno de los delitos que más agravia a los ciudadanos en sus bienes y seguridad personal, desencadenando una atrofia del Estado de derecho y, por tanto, de las economías. Cero Tolerancia es la que será instruida a quien llevaría la seguridad pública de la capital (hay un par de perfiles ya considerados) a fin de erradicar la semilla de delitos más atroces.
Claro, depende cuál sea el sentido mayoritario del voto chilango.
Acuerdo IMSS-Comisión Independiente Covid-19. La buena noticia para la salud pública y para la ciencia es que se logró un primer punto de acuerdo entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión Independiente Covid-19 para, pasado el predecible jaloneo electoral, los expertos de ambas partes se reúnan para ampliar la agenda de investigación sobre la pandemia ya que el Instituto atendió a 9 millones de infectados de los cuales, lamentablemente, perecieron cerca de 180 mil.
El objetivo de las sesiones es buscar un trazo más preciso del mapa de la infección con mayor puntualidad, aparejada con las acciones de gobierno. La finalidad clave es generar protocolos de acción oportuna para enfrentar oportunamente las epidemias que puedan —sí o sí— aparecer en el futuro como las que podrían detonar coronavirus surgidos en algunas granjas avícolas de China.
Más vale.
