El resultado de la elección posiciona al próximo gobierno en favor de la continuidad y fortalecimiento de las políticas públicas de la presente administración que si bien, debido principalmente a la pandemia, a la crisis económica subsecuente y a una falta de gestión adecuada, mostró tropiezos importantes e insuficiencias en varios rubros, se perfiló en lo fundamental un nuevo modelo de crecimiento económico que logró éxitos especialmente en un mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población más desprotegida.
Se trata de un modelo con cambios diametrales frente a las administraciones anteriores, donde el papel del Estado en la economía adquiere un papel activo y emprendedor que si bien no intenta sustituir a la inversión privada (motor principal del crecimiento en una economía de mercado), ahora se asume como facilitador y dinamizador de ésta última a través de una reorientación del gasto público (bajo condiciones de disciplina fiscal) vía un mayor impulso a la demanda con mayor monto de la ayuda social y un incremento de la inversión pública.
Esta visión de “Estado emprendedor” de la Cuarta Transformación conlleva a una serie de compromisos ya adquiridos durante la campaña para la próxima administración que lucen muy complicados, y más aún considerando la necesidad inaplazable de un severo ajuste fiscal en 2025.
En efecto, disminuir la inseguridad, realizar el rescate y ajuste al modelo de negocio de Pemex, incrementar la generación y suministro eléctrico y lograr una transición energética ordenada, consolidar el suministro de agua en zonas urbanas y mejorar sustancialmente la infraestructura de salud son algunos de los objetivos que requerirán para su cumplimiento de una revisión completa de los logros y fracasos de la presente administración.
Se requiere de cambios sustanciales para continuar con el proyecto propuesto por el ala ganadora en las pasadas elecciones. Será necesario acrecentar la certidumbre y confianza para la inversión privada con lo que se sentarían buenas bases para aprovechar el proceso de relocalización o el llamado nearshoring, afianzar los nuevos polos de crecimiento proyectados, lograr una revisión exitosa del T-MEC. Todo ello tendiente a lograr un crecimiento económico mayor y sostenido.
Ha quedado demostrado que es posible mejorar las condiciones de bienestar de la población con el esquema propuesto por el nuevo régimen. Es indispensable continuar con el sentido de responsabilidad mostrado para mantener la estabilidad macroeconómica a través de la disciplina fiscal y la autonomía del Banco de México.
Sin embargo, persisten las dudas sobre la viabilidad del proyecto. Los recursos se han agotado, especialmente la capacidad fiscal del Gobierno para realizar los proyectos prometidos, con lo que parece inaplazable la necesidad de una reforma fiscal para dar impulso a los ingresos públicos.
En una economía de mercado como la mexicana, donde la participación del sector privado es preponderante, es indispensable crear las bases de certidumbre y confianza para que el impulso que se pretende del nuevo papel emprendedor del Estado agilice la inversión privada en un contexto donde persista la estabilidad macroeconómica para dar entrada al crecimiento y mayor bienestar. De lo contrario, la historia nos señala que el camino de un gobierno dispendioso y desequilibrante sólo conlleva al deterioro de las condiciones económicas de la población.
