El llamado Plan C de López Obrador, y que es respaldado por la Presidenta electa, amenaza con destruir la división de poderes, los contrapesos y la democracia. La autonomía del Poder Judicial está en riesgo.
Era predecible que las encuestas elaboradas por Morena tendrían como resultado que “supuestamente” las y los mexicanos encuestados iban a estar a favor de que las y los ministros y jueces, fueran elegidos por voto. Nadie nunca pensó que las encuestas realizadas por el partido en el poder obtendrían un resultado diferente.
La realización de foros sobre la reforma al Poder Judicial sólo es una tomadura de pelo. Todos sabemos que lo verdaderamente trascendental sería que los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados modificaran la propuesta legislativa, pero como ya es sabido, los legisladores del partido en el poder siempre han aprobado las reformas de López Obrador sin cambiarle ni un punto ni una coma.
De tal suerte que la autonomía y los contrapesos están en manos de aquéllos que cuando eran oposición pugnaban por erradicar el presidencialismo, el centralismo y el poder absoluto.
La reforma judicial del inquilino de Palacio Nacional no es más que una venganza política. Es una reforma redactada con resentimiento, odio y autoritarismo.
No me voy a cansar de repetir que si se destruye la Suprema Corte nos iremos directo al abismo. Un abismo que no tendrá retorno y que nos afectará a todos por igual, tanto a aquéllos que votaron por la continuidad de la Cuarta Transformación, como a aquéllos que no lo hicieron.
En una entrevista con Leo Zuckerman, el periodista andino Rafael Archondo señala que la experiencia de Bolivia, eligiendo a sus jueces mediante el voto popular, ha sido un fracaso rotundo, pues en los 10 años que llevan implementando este sistema, éstos han terminado por someterse al Presidente o al Gobierno en turno.
Dijo que el ejemplo más claro fue la segunda reelección de Evo Morales, que fue aprobada por los magistrados, y que fue contraria a lo establecido en su Constitución; además de que no garantiza la independencia judicial.
“La elección de jueces por sufragio popular no garantiza su independencia, su autonomía, ni la absoluta separación de los poderes. Todos los jueces electos en Bolivia sabían que su selección era (gracias) al partido del gobierno. Ellos sabían que le debían su cargo no a la gente, sino al partido”, sostiene Archondo.
El periodista boliviano precisa que la gran parte del electorado en Bolivia ha optado por anular su voto o dejarlo en blanco, cuando se trata de la elección de jueces.
No se trata de ser alarmistas querido lector, pero sí es mi deber hablarle con claridad y decirle que la reforma judicial de la Cuarta Transformación va dirigida a destruir la Suprema Corte, a eliminar los contrapesos y a darle todo el poder a López Obrador, y por supuesto, a la Presidenta electa.
Lo preocupante es que las declaraciones de la Presidenta electa dejan ver que no habrá modificaciones a la reforma, que se aprobará tal cual lo desea su antecesor, y que los contrapesos en México dejarán de existir.