En un mes se celebrarán elecciones presidenciales en Venezuela. Será la primera, en más de diez años, en las que competirá la oposición con un mínimo de garantías. Entiéndase un mínimo de garantías concedido por un gobierno que ha exhibido en una década su carácter represivo y autocrático, dispuesto a todo por mantener en el poder a Nicolás Maduro, quien, constitucionalmente, tiene derecho a reelegirse de manera perpetua.
En 2013, cuando tuvieron lugar las primeras elecciones que siguieron a la muerte de Hugo Chávez, el sucesor designado, Nicolás Maduro, por poco pierde la contienda, si no la perdió. Los competidos resultados generaron un conflicto poselectoral que, en buena medida, perdura hasta hoy. El formidable desempeño del candidato opositor, Henrique Capriles Radonski, puso en evidencia que la popularidad de Chávez no era automáticamente transferible a Maduro.
Para mantener a Maduro en el poder era necesario un sistema electoral inequitativo, como el que ha existido hasta hoy en Venezuela. La confrontación en las calles radicalizó a la oposición, que cometió el error de abandonar la lucha política pacífica. Los acuerdos de las negociaciones en Barbados han devuelto a la oposición a los cauces institucionales, y hoy ese movimiento se presenta unido bajo la candidatura de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
La campaña opositora ha podido emparejar un poco la cancha, pero lo cierto es que muchos de los contendientes de Maduro siguen inhabilitados, la autoridad electoral aplica discrecionalmente las normas de la competencia política y la observación internacional carece de mecanismos de vigilancia. La negativa a la delegación observadora de la Unión Europea fue una confirmación de la arbitrariedad del gobierno madurista, que, retóricamente, dice apostar por la Celac, cuyo acuerdo con los europeos es central para ese foro regional.
Tampoco ha confirmado el gobierno de Maduro la autorización a una representación de la ONU para que acompañe el proceso electoral. Mucho menos ha accedido a la observación de un equipo de la OEA, que el gobierno venezolano, como los otros de la Alianza Bolivariana, considera injerencista y golpista. Esta última acusación, la de golpismo, ha sido reiterada por Maduro en contra de la propia oposición legítima que, de acuerdo con los protocolos de Barbados, ha sido reconocida por su gobierno.
Todo esto crea una irreductible atmósfera de desconfianza política a un mes de las elecciones. Fácilmente podría repetirse la historia de hace diez años, cuando el oficialismo ganó por poco margen. O, aunque más difícil el escenario, podría ganar la oposición y la pregunta inevitable sería si un gobierno como el de Nicolás Maduro estaría en disposición de facilitar un traspaso institucional de poderes a favor de la alternancia. Si esto llegase a suceder, la historia de América Latina daría un inesperado vuelco democrático en el siglo XXI.
