El mes pasado circuló la noticia del fallecimiento de 14 mujeres en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, mejor conocido como Cefereso 16, en Morelos.
Varios de estos fallecimientos fueron por suicidio y en reportes hechos por organizaciones civiles y la CNDH, se ha encontrado que la prisión no presentó pruebas de haber brindado asistencia médica o atención psicológica. Esto abre nuevamente la discusión sobre las condiciones bajo las que se encuentran las mujeres privadas de libertad.
En todo México, al cierre del 2022, 12,156 mujeres se encontraban privadas de su libertad, representando el 5.6% de la población total en centros penitenciarios. Si bien esta cifra representa una minoría en comparación con la población masculina encarcelada, la situación de las mujeres en estas instituciones presenta desafíos particulares que requieren atención urgente, además de la falta de infraestructura y servicios que generan hacinamiento, falta de higiene, atención médica deficiente y violencia entre las internas. No debemos dejar de lado la carga de los cuidados que muchas mujeres asumen por el hecho de ser mujer. En el caso de las mujeres privadas de su libertad, este rol de cuidados se ve limitado, causando afectaciones emocionales como depresión, que, al no ser atendidas de manera adecuada, conllevan al aumento de suicidios en las prisiones, muchas de ellas tienen a sus crianzas en prisión para después de unos años llevándolos al cuidado de sus familiares o bien a centros de protección para niñas y niños. Pero no sólo padecen los sufrimientos que significan estar en detención, sino que además la mayoría a diferencia de los varones, son abandonadas por sus familias quedándose en el desamparo emocional total y que al salir de prisión muchos de esos lazos se rompieron y no se recuperan más.
Las mujeres privadas de la libertad también enfrentan un panorama de desigualdad estructural dentro de los centros penitenciarios. El 53.5% se encuentra en centros femeniles, el 45.8% en mixtos y un 0.6% en varoniles. Los centros mixtos, en particular, representan las condiciones más desiguales, donde se adapta un espacio para mujeres en prisiones varoniles, generando un entorno que no responde a sus necesidades específicas. Revertir la situación de las mujeres privadas de la libertad en México requiere un compromiso integral. Es necesario fortalecer la infraestructura y los servicios en los centros penitenciarios, con un enfoque de género y atención a las necesidades específicas de las mujeres, muchas de ellas por su situación de pobreza nunca pueden acceder a un abogado, y por delitos menores que con un buen acompañamiento legal pudieron recibir sentencias menores se convierten en años o sin sentencia o sentencias injustas.
Se deben implementar programas de educación, trabajo y salud que promuevan su desarrollo personal y profesional, y faciliten su reintegración social una vez que cumplan sus condenas. Garantizar sus derechos sexuales y reproductivos y brindarles apoyo para el cuidado de sus hijos e hijas, son aspectos fundamentales para garantizar su bienestar integral. Recordemos que la reinserción no sólo es un imperativo moral, sino también una inversión en el futuro del país.