El nuevo modelo económico instrumentado por la actual administración y cuya continuidad ha sido proyectado por la siguiente tuvo un balance positivo en el ámbito social, particularmente por la disminución de la pobreza. Este éxito estuvo fincado en dos grandes ejes, el incremento en la ayuda social a través de diversos programas sociales y, principalmente, en el incremento en el poder adquisitivo de los salarios.
Efectivamente, el salario mínimo en términos reales —descontando la inflación— se ha incrementado en esta administración 114%, e incluso, esta política ha generado un efecto favorable en el resto de la estructura salarial, por ejemplo, si tomamos, el salario promedio de cotización al IMSS el incremento real ha sido de 21%.
Sin menoscabo del logro de la política laboral que, consensuada con los sectores obrero y patronal, logró estos avances sustantivos, es menester preguntarse sobre su viabilidad en el mediano y largo plazo. Esto es porque una de las premisas básicas en economía radica en el hecho de que la sustentabilidad e incrementos del poder adquisitivo de los salarios depende principalmente de los avances en la productividad del trabajo.
Cabe precisar el concepto de productividad del trabajo. En términos generales se refiere a un elemento de eficiencia, es decir, en términos llanos, a cuánto equivale la producción por trabajador en un periodo determinado. En este contexto, ser más productivo o aumentar la productividad significa “producir más con el mismo recurso humano”. Así, la posibilidad de aumentar de manera sustentable los salarios es mucho mayor.
Desafortunadamente, los hechos generan algunas dudas, pues los incrementos de los salarios arriba mencionados contrastan con una caída de la productividad del trabajo a nivel nacional. De acuerdo con la información del Inegi, durante esta administración la productividad laboral en México se ha reducido 5.7 por ciento (1Trim2019 versus 1Trim2024), esta caída ha sido promovida por la menor productividad del sector servicios (-8.0 por ciento), en tanto que en la construcción y en las manufacturas se ha incrementado arriba del 10 por ciento.
En consecuencia, el incremento de los salarios durante la presente administración ha sido razonablemente sustentado hasta ahora por dos factores: (1) el fuerte aumento de la productividad en sectores clave y/o intensivos en mano de obra como la manufactura y la construcción; y (2) se aprovechó el amplio margen del rezago salarial —principalmente en los segmentos de bajos ingresos— promovido en sexenios anteriores.
Considero que el margen para aumentar los salarios sin incrementos en la productividad se ha reducido drásticamente por el hecho de que la pérdida en el sector servicios genera entre otros factores presiones inflacionarias por el incremento de los costos salariales. No es casualidad que la mayor resistencia a la baja en la inflación se ubique justamente en el segmento de precios de los servicios. Además de que a este sector le corresponde casi dos terceras partes de la producción nacional y abarca la mayor parte del empleo informal, cuya productividad es la más baja de toda la mano de obra.
Seguir incentivando la productividad con una visión de largo plazo es una tarea inaplazable. Se requiere mayor inversión extranjera para atraer tecnología y gasto en infraestructura, fortalecer la inversión en capital humano (mejorar la educación en todos los niveles) y fortalecer la competencia en un ambiente de economía de mercado regulada que fortalezca la innovación y las perspectivas de crecimiento. Buena parte de estos elementos están integrados en el proyecto de la virtual presidenta electa. Esperemos que sean una realidad.
