Prácticamente desde que concluyó la jornada electoral distintos actores comenzaron a alzar la voz sobre la sobrerrepresentación pretendida por el bloque Morena-Gobierno.
Como bien lo enuncia la Red de Conocimientos Electorales, el elemento sustantivo de la lógica de la representación proporcional es reducir las disparidades o sesgos entre la votación obtenida por una opción política y sus escaños parlamentarios.
Lo anterior con el objetivo de mantener la proporcionalidad en el Congreso, compensando el resultado en los distritos uninominales mayoritarios. Básicamente la alianza (Morena-PT-PVEM) que es el bloque Morena-Gobierno ganó 256 distritos electorales de mayoría relativa (MR), con el 54% de la Votación Total Emitida (VTE); con ese porcentaje, fue relativamente ganador respecto a las demás opciones en 85% de los distritos electorales del país (300).
Y es ahí donde entra el sistema de representación proporcional (RP) para resguardar a los votantes del 30% que votó por el PAN-PRI-PRD, y del 11% que votó por Movimiento Ciudadano. La propia Constitución en México habla de que ningún partido político podrá contar con un número de diputados (MR y RP) que represente un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos porcentuales su Votación Nacional Emitida (VNE).
Estamos en un periodo donde las autoridades resuelven las impugnaciones y alegatos de las fuerzas electorales y se espera que sea en agosto que estén resueltas, se presente el cálculo de asignación de la representación proporcional.
Hagamos un ejercicio, la Votación Nacional Emitida (VNE) es el resultante de Votación Total Emitida (VTE = 59,466,468 votos); menos (-) los votos de partidos que no obtuvieron el 3% (es decir el PRD = 1,449,660 votos); menos (-) los votos de candidaturas independientes (CI= 72,012 votos); menos (-) los votos nulos (VNu=2,189,869 votos); menos (-) los votos de candidatos no registrados (CNR=49,329 votos). En este ejercicio que aún no contempla las modificaciones finales de las impugnaciones, la Votación Nacional Emitida sería de 55,705,598 votos.
Ya con estos datos de VNE, correspondería al bloque Morena-Gobierno 58.4% (43.6% de Morena, 9% del PVEM y 5.8% del PT), al PRIAN el 29.9% (11.9% del PRI y 18% del PAN), y a Movimiento Ciudadano 11.7%. A partir de una treta semántica, Morena-Gobierno pretende obtener 373 de las 500 diputaciones (que incluyen 300 de MR y 200 de RP), lo que representa el 74.6% de las diputaciones; del 54% de votación total que les otorgó la población, quieren brincar al 74% de la representación en el Congreso, y a la oposición que obtuvo el 41 % la quieren dejar con el 25% de los diputados.
Para ello, Morena-Gobierno ha desplegado una amplia estrategia política cuya punta de lanza es la secretaria de Gobernación, quien a su vez es candidata única a la dirigencia de Morena, en los hechos, es la titular de Segob-Morena. Acompañada de una fuerte narrativa denominada Plan C, que incluye a su vez, una cortina acompañada de “Reforma Judicial”, que, en realidad, es parte de una misma estrategia con la cual veladamente se presiona a los órganos jurisdiccionales para controlar el resultado de la asignación de curules, en medio de una discusión que no sucedería si no fuera porque el Gobierno mexicano ya dijo “me tocan 373 diputados”.
La marcha por venir ya es larga. Políticos, actores y movimientos sociales deben movilizarse y manifestarse por una causa en distintos frentes para detener la larga noche contrademocrática tras las reformas de 2014 que devastaron la transición mexicana y que está llegando a su pináculo. La representación de los ciudadanos se encuentra en vilo.
