Y nos cuentan que no hay reclamo o argumento alguno que consiga disuadir a Alejandro Moreno de amarrarse a la silla del PRI, por lo que ayer, con la intención de anotarse al proceso interno que se diseñó para ese propósito, solicitó licencia para separarse de la presidencia. La respuesta de la Comisión Política Permanente, que le es afín, fue la de concedérsela. Esta misma semana, nos recuerdan, priistas críticos advirtieron que existe una cláusula en la convocatoria para el proceso interno, emitida por un órgano interno que también Alito controla, para que el camino a la dirigencia nacional sea más corto, y el cual se materializaría si sólo se anota una fórmula, que, anticiparon, seguramente será la conformada por el propio Moreno, y por la diputada Carolina Viggiano. “¡Vamos con todo, será por el bien del priismo!”, publicó ayer el priista. Así. ¿Qué tal?
De cara al debate que, nos anticipan, será intenso en torno a la sobrerrepresentación, resulta que Movimiento Ciudadano jugará del lado de los que no quieren que Morena y aliados asuman más posiciones de las que, consideran, deben tener por el porcentaje de votación obtenido. Quien fuera coordinadora de la campaña presidencial de Jorge Máynez, Laura Ballesteros, recién dio cuenta de un mensaje que así lo perfila. “La vieja política inventó un fraude mediante la sobrerrepresentación electoral para tener más legisladores que votos. En MC no lo aceptamos y lucharemos para defender el voto de la gente. ¡Hay que despervertir el sistema electoral!”, señaló. Claramente, nos comentan, en este caso eso de “vieja política” se refiere al PRI, por lo que se entendería que la lucha por evitar una supermayoría de Morena en el Congreso tampoco significaría que vayan a ir a ese debate en bloque, más bien que esa lucha la darían por su lado. Pendientes.
Y hablando de la sobrerrepresentación, nos piden no perder de vista la suma de pronunciamientos ya sea para que, por un lado, se haga una interpretación literal del artículo 54 constitucional, la cual terminaría favoreciendo a los partidos afines a la 4T, o para que, por otro, se haga una interpretación con más fondo en las que los partidos de oposición serían los beneficiados. Fueron varias agrupaciones de juristas las que pidieron a los consejeros del INE y magistrados del TEPJF realizar “una interpretación jurídica, histórica, teológica, garantista y sistemática” del referido precepto “que conduzca a una integración que refleje la pluralidad de la ciudadanía mexicana, respete los derechos de las minorías políticas y evite la sobrerrepresentación de la coalición mayoritaria. Entre los grupos que plantean lo anterior están el Consejo General de la Abogacía Mexicana, de Ricardo Ríos; la Barra Mexicana de Abogados, de Víctor Olea; la Anade, Colegio de Abogados, de Nuhad Ponce; y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, de Arturo Pueblita. Ahí el dato.
Y fue la Consejería Jurídica de la Presidencia la que subió el tono para confrontar el resolutivo emitido por magistrados electorales, quienes consideraron que el Presidente López Obrador incurrió en coacción del voto y uso indebido de programas sociales en un par de conferencias mañaneras. Y es que resulta que la referida oficina del Gobierno federal de plano calificó a los magistrados Luis Espíndola, Rubén Lara y Mónica Lozano de “pitonisos”, porque, a su juicio, no mostraron las pruebas que los condujeron a emitir su fallo. “Los magistrados electorales omiten sustentar, con elementos objetivos, cómo es que una simple expresión se traduce en la coacción a más de 35 millones de personas que votaron a favor de continuar la transformación de nuestro país”, señaló la Consejería. No le gustó nada, como se aprecia, el fallo. De manera que tras los raspones verbales, anunció que ya impugnó ante la Sala Superior del TEPJF. Uf.
Tremendo impacto el que tuvo el fallo informático global que, por supuesto, pegó también en nuestro país. Fue en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes donde ayer se aplicaron para tener un registro oportuno sobre las afectaciones reportadas en los distintos grupos aeroportuarios que operan en el país. Resulta que por la falla de Microsoft se tenían hasta ayer por la tarde 582 demoras y 75 cancelaciones de vuelos. El Grupo Aeroportuario del Pacífico con 274 de las primeras y 23 de las segundas. En tanto, el Grupo Aeroportuario Centro Norte reportó 64 retrasos y 19 cancelaciones. Mientras que Grupo Aeroportuario de Sureste registró 244 demoras y 33 cancelaciones. La dependencia a cargo de Jorge Nuño indicó que mantenía los protocolos de seguridad, en apoyo de las aerolíneas comerciales que se vieron afectadas.
Y es en las oficinas administrativas de los partidos donde empezaron a tronarse los dedos, porque resulta que será el próximo lunes cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lleve a cabo la sesión en la que se les informarán las sanciones que se aplicará a cada uno de ellos por omisiones e inconsistencias en sus gastos de campaña. Lo anterior, se ha informado, derivado de los procesos de fiscalización de ingresos y egresos. Ayer, el órgano autónomo que encabeza Guadalupe Taddei notificó que llevó a cabo la revisión del origen, destino y aplicación de los recursos que cada partido recibió. Para ese fin contó con la participación de la Unidad Técnica de Fiscalización, auxiliar de la Comisión de Fiscalización. Por lo pronto, pendientes.