Donald Trump resultó favorecido por la fortuna la semana pasada. Después de salir casi ileso de un atentado contra su vida, al lunes siguiente una juez lo absolvió de los cargos formulados en su contra por mal manejo de documentación clasificada.
Coincidiendo con el primer día de la Convención Republicana, la publicación de la resolución de la juez Aileen Cannon tuvo lugar dos semanas después de que la Corte Suprema emitiera un fallo mayoritario que le reconoció cierto grado de inmunidad en su actuación como presidente en los hechos de interferencia ocurridos durante el proceso de certificación de la elección de 2020.
En agosto de 2022, integrantes del FBI catearon el domicilio de Trump en Florida. Los agentes encontraron más de 100 documentos clasificados. Entre los hallazgos se incluía información respecto a la capacidad defensiva de Estados Unidos y otros países, programas nucleares estadounidenses, potenciales vulnerabilidades de ese país y sus aliados durante un ataque militar, así como planes de respuesta ante un ataque extranjero.
En noviembre de ese año, el fiscal general Merrick Garland nombró a Jack Smith como consejero especial encargado de coordinar las investigaciones relativas al manejo y retención de documentos clasificados después de que Trump dejó de ser presidente. En junio de 2023, el consejero especial presentó una acusación formal ante el juzgado de distrito con sede en Fort Pierce, acusando a Trump de mentir y conspirar para engañar a los investigadores federales, pues continuaba en posesión de material sensible clasificado como confidencial después de dejar la Casa Blanca.
A lo largo del proceso, la defensa del expresidente argumentó que el nombramiento de Smith no era válido, pues el fiscal general carecía de facultades para designar a un ciudadano privado encargado de investigar delitos. El fiscal general respondió que la norma le daba atribuciones para nombrar funcionarios inferiores, cuestión confirmada por los tribunales durante años. La resolución dada a conocer hace justo una semana considera que el nombramiento del consejero especial Smith fue impropio e ilegal por no haber sido aprobado por el Senado. Señala que, desde noviembre de 2022, éste ha ejercido un poder carente de base legal. De ahí que todas las acciones que ha realizado han sido ilegales. La sentencia cita tres veces una reciente opinión del justice Clarence Thomas, donde afirma que el nombramiento del consejero especial es una potencial violación constitucional. Según Thomas, al no haber una ley que establezca la existencia de esa oficina, no puede llevar a juicio a nadie, mucho menos a un expresidente. La consejería especial anunció que apelará la resolución de la juzgadora ante la corte de apelación del 11º circuito. Este tribunal, con sede en Atlanta, previsiblemente admitirá el caso y citará a audiencias. Sin embargo, por más expedito que se tramite este juicio, el caso no será resuelto antes de las elecciones de noviembre. A riesgo de ser reiterativo, debe reconocerse que la fortuna ha favorecido a Trump.
