El candidato presidencial Donald Trump advirtió que evitará que México se transforme en un narcoestado, atacando a los cárteles en México. Y, mientras tanto, la reforma judicial apunta a agravar el problema en el mediano plazo al sacudir el avispero de la seguridad pública y del tejido social.
Actualmente, los jueces en los estados están manejando entre 200 y 800 casos simultáneos, lo que constituye una locura. Pero la reforma judicial no prevé el aumento del presupuesto para aliviar esta sobrecarga, lo cual descarta toda perspectiva de alcanzar la eficiencia judicial. Con ello, se agravarán miles de conflictos sociales acerca de la propiedad, de los delitos y de las relaciones familiares y laborales. Sin un número de jueces locales suficiente y con cargas de trabajo razonables, la estabilidad social se verá aún más comprometida. Porque la justicia local, encargada de los delitos que más nos afectan (como el homicidio) y de los temas que dan tranquilidad a nuestras vidas, necesita de secretarios, actuarios y más juzgadores para dictar resoluciones sensatas.
Puede parecer una luz en el túnel, un atisbo de sensatez, el hecho de que la reforma judicial vaya a ser implementada en los próximos años y no en unos cuantos meses. Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México y próxima consejera jurídica de la Presidencia, expuso que a más tardar en 2027 deberá estar aprobada, junto con las respectivas reformas a las constituciones locales y la elección de los tribunales de justicia. Porque, Godoy ha declarado, “esa gradualidad no puede ser a 40 años… a 50 años… eso no tiene mayor sentido”. Sin embargo, cuatro años es apenas lo justo, un lapso mínimo para una sacudida y distracción tan radical al Poder Judicial. Quizá no sea ya el “borrón y cuenta nueva” que parecía ser al principio, pero sigue siendo un cambio acelerado. Esta prisa por implementar cambios de gran magnitud en un corto plazo ignora una realidad crítica: coincide con los años de gobierno de un eventual presidente Trump en Estados Unidos y existe el riesgo de que haga lucir al país aún más caótico de lo que es hoy.
La discusión sobre la reforma judicial debería reconocer los verdaderos problemas, como es el déficit significativo de presupuesto para los poderes judiciales locales, en vez de tratar de encontrarle la cuadratura al círculo de la iniciativa del Presidente saliente. Los estudios sobre diseño institucional y sistemas complejos muestran que las instituciones organizan la coordinación de unas personas con otras. Si se las altera brutalmente, sin un diagnóstico y una hoja de ruta rigurosos, la gente queda descoordinada, choca una contra otra como canicas agitadas. Y, de por sí, México luce ya en el mundo como un país caótico, violento, sujeto a las ocurrencias de sus líderes.
El futuro de México depende no de la virilidad de hacer transformaciones, sino de la sabiduría para elegirlas. Si no se aborda adecuadamente la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos al nivel local, cualquier reforma judicial está destinada al fracaso.
