“Es muy difícil entender la batalla que el PAN ha dado contra la delincuencia organizada en este siglo sin Jorge Lara. Fue de los pocos abogados que pasaron por la PGR (en gobiernos panistas) y después permaneció al servicio de la política por pura vocación, en lugar de enriquecer las arcas de su despacho de abogados con asuntos de lavado de dinero o crimen organizado, defendiendo intereses de contactos partidistas adquiridos en tiempos de poder”, me dijo un emblemático legislador panista, frente al ataúd del destacado constitucionalista, que quedó rodeado de coronas de flores selladas con los nombres de los protagonistas de la actual oposición política y otras celebridades de la abogacía mexicana.
Lara era catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y director de la Fundación Miguel Estrada Iturbide, de la cual se desprendieron muchos de los argumentos de la oposición en el debate de la Guardia Nacional, el mando civil y la militarización de la seguridad en México.
Con su muerte, esta semana la oposición perdió a su principal referencia para debatir la reforma judicial.
No está de más recordar que siendo subprocurador de la PGR —en tiempos de Felipe Calderón— Lara fue quien redactó el proyecto de la Ley de Lavado de Dinero.
Experto en delincuencia organizada, fue también el primer redactor de los convenios que hicieron posible que México compartiera con los Estados Unidos los bienes asegurados al crimen organizado.
Y ahora que el partido de Morena defiende con tanto ahínco el “ciudadanizar” a jueces y magistrados de la Corte, fue precisamente Jorge Lara quien hace un año propuso a la bancada de Acción Nacional en San Lázaro, la creación de juzgados ciudadanos, inspirado en una ley norteamericana que impide que jueces alteren la ley, por estar en manos de una sola persona.
Del análisis de este investigador se desprendieron muchos de los argumentos que uso la oposición en el debate legislativo sobre la Guardia Nacional, el mando civil y la militarización de la seguridad en México.
Pero, sin duda, lo que más ha dolido particularmente al Partido Acción Nacional al tener que despedir irremediablemente a Jorge Lara, es que el reconocido abogado trabajaba en la redacción de un importante proyecto de ley para regular las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Se trataba de una reforma constitucional que presentaría la bancada del Partido Acción Nacional en la próxima legislatura en San Lázaro, que pretende reglamentar el uso de la UIF, que es una instancia del Gobierno que no está creada por Ley.
Y es que no existe como tal, una ley que establezca el perfil del titular de dicha dependencia, ni cómo se acredita su experiencia, capacidad, secrecía o probidad en el manejo de la información y que cumpla con estándares internacionales.
Es decir, se pretende establecer que la UIF sea una instancia al servicio del Estado, pero no de los intereses del partido político en el poder.
Cabe subrayar que particularmente en este sexenio, la Unidad de Inteligencia Financiera con sus acciones ha cobrado una popularidad y polémica que no tuvo en otros sexenios.
Antes de Santiago Nieto, los titulares de la UIF pasaban prácticamente inadvertidos.
Lo que estudiaba y redactaba el abogado constitucionalista Jorge Lara, se estaba encubando como una de las principales propuestas legislativas del PAN para el próximo sexenio, en términos de reglamentar las atribuciones y acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Diseñaba las reformas constitucionales para generar una reglamentación sobre la UIF, que pretendía, entre otras, frenar las investigaciones sobre denuncias anónimas, que en ocasiones se han realizado sin que estén normados los criterios, que normalmente tendrían que pasar por un juez primero.
Y seguramente, considerando las muchas barbas que ya deben estar puestas a remojar en este proceso de transición, advirtiendo revanchas en consecuencia de encontronazos electorales, donde la UIF puede ser, para algunos, un invaluable aliado.
Ahora, ¿seguirá adelante el Partido Acción Nacional con la redacción del proyecto de tan ambiciosa ley?, ¿quién podría suplir la experiencia, análisis, pero sobre todo, el prestigio del destacado abogado constitucionalista?
Jorge Lara fue un personaje que atestiguó y participó en capítulos determinantes de la seguridad nacional en la historia moderna de México, junto a sus más polémicos protagonistas.
Dejó amplio testimonio escrito de su paso por los laberintos de la justicia, pero quién sabe cuántos secretos se llevó su noción de incondicional lealtad política…
Indiscutiblemente, fue una inesperada gran pérdida… Descanse en paz.
