Las declaraciones del Presidente López Obrador y la secretaria de Gobernación acerca de la configuración del Congreso van en contra de la Constitución.
El Gobierno defiende un resultado que incrementaría el valor de un voto por Morena y disminuiría el de la oposición. Permitirle el 74% de los asientos en el Legislativo Federal acabaría con los vestigios que quedan de las instituciones que demoraron décadas en construirse. El Tribunal Electoral debe basar su decisión en la Ley y no en ambiciones particulares.
En 1977, la reforma política-electoral de Reyes Heroles fue un parteaguas en el dominio del PRI. De allí concatenaron modificaciones legislativas que condujeron a la alternancia en 2000 y a una democracia insipiente. Los triunfos del PAN, el regreso del PRI y las victorias de Morena fueron posibles gracias a la evolución de las instituciones y a que la Constitución ha puesto límites a los partidos dominantes. Ignorar estos cambios implicaría un retroceso de casi 50 años en el progreso político del país.
Los resultados de las elecciones de 2024 otorgaron el triunfo en el Congreso a Morena con 53% de los votos, dejando el 47% a la alianza opositora. Sin embargo, el Presidente pretende que la configuración quede en 74% y 26%, respectivamente, implicando que Morena vale 1.5 veces sus votos en el Congreso y la oposición la mitad de los suyos.
El art. 54 de la Constitución establece dos límites a la sobrerrepresentación. El primero es un techo de 8% de representación adicional con plurinominales. La intención de Morena es transferir triunfos a sus partidos coaligados para abrirse más espacios sin rebasar el límite. El segundo es que ningún partido puede rebasar las 300 curules en la Cámara de Diputados. Morena argumenta que dicho debe aplicarse por partido, no por coalición. De sostenerse esa idea, no podrían tener derecho a ningún plurinominal porque las candidaturas se registraron con la alianza y no por partido, de acuerdo con la Constitución.
La sobrerrepresentación en el Congreso no sólo viola artículos de nuestra Carta Magna, sino que dejaría desprotegidas a las minorías, cuya representación fue la base de las reformas anteriores. En un escenario donde la alianza de Morena tuviera el 74% del Congreso, no sólo tendría la mayoría calificada, sino que impediría cualquier posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad.
La votación del Tribunal Electoral será otro punto de quiebre en la trayectoria democrática de México. La Constitución es clara y no permite transferir curules entre partidos de la alianza y tampoco puede una fuerza política exceder las 300 curules. Votar en favor de Morena no solamente invalidaría el proceso electoral, sino que demostraría que los magistrados responden más a presiones políticas que a la Ley. Da espacio a pensar que hay incentivos políticos, nombramientos y ratificaciones que motivan a los tomadores de decisiones a permitir al Presidente conseguir lo que quiere.
La ironía es que no solamente el Tribunal se pondría como carnada al exponerse a que le quiten poder, sino que el depredador fijará como presa al sistema que le permitió salir de su jaula.
