El pasado domingo, el pueblo venezolano acudió a las urnas para decidir el futuro político de su país. Es de conocimiento popular que Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria que ha resultado en que más del 20% de la población del país haya tenido que emigrar. Esta situación se debe a un incremento en los niveles de inseguridad, una crisis económica severa con hiperinflación y desabasto de insumos básicos y de salud que concuerda con los últimos años del chavismo y el régimen de Nicolás Maduro.
Esta concordancia se debe, por una parte, por las políticas de control cambiario, una falta de atención urgente a la seguridad pública, la violación sistemática de derechos humanos, el impedimento por parte del Estado para que la oposición opere con libertad y, por otra, a las sanciones impuestas en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
Nicolás Maduro lleva desde 2013 en el cargo y con los cuestionables resultados de este domingo permanecerá en el poder hasta 2031. Los resultados electorales han sido duramente cuestionados por la ciudadanía venezolana, organizaciones civiles e internacionales y gobiernos latinoamericanos. Se han documentado en diversos medios múltiples irregularidades que evidencian que las elecciones no pasan un estándar mínimo de integridad. En respuesta a lo anterior, sindicatos, ciudadanía y organizaciones han iniciado protestas en contra del régimen de Maduro.
La experiencia venezolana sirve para compararnos. Desde la llegada de López Obrador en 2018, la derecha ha advertido que México va en camino a convertirse en Venezuela. Creo que esa comparativa resta importancia a lo que vive este país latinoamericano y que nuestra experiencia es distinta. México vive sus propias problemáticas: un Estado incapaz de hacer frente al crimen organizado y al narcotráfico, un miedo legítimo de que las supermayorías de Morena resulten en un Estado sin freno, una oposición incapaz de hacer frente al oficialismo.
Nuestra experiencia es distinta, pero el caso venezolano, aunque distante, es un escenario posible. El que no lleguemos a esa situación depende no sólo del ideal democrático y la responsabilidad del gobierno en turno y entrante, sino que en el Congreso la oposición sea inteligente y aproveche su condición para proponer una reforma a la competencia electoral ante este nuevo contexto y que las empresas, trabajadores y la ciudadanía defiendan sus libertades y sus derechos. México se encuentra en un momento climático en el que debe avanzar inteligente, consensuada y democráticamente en un entorno lleno de riesgos y oportunidades que todos como mexicanos compartimos.