A partir de un recurso “contencioso” que introdujo Nicolás Maduro en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, habría entregado al Poder Judicial copias de las actas de escrutinio, de la totalización en que se basaron los dos cómputos presentados, el del 28 de julio y el del 2 de agosto, y de un supuesto informe sobre el ataque cibernético o hackeo que sufrió el CNE.
Toda esa información pasa ahora al Tribunal Supremo en un proceso de “certificación” de las elecciones, que no está claramente contemplado en las leyes electorales del país. El sistema venezolano admite varias auditorías, a partir de la publicación de las actas de escrutinio, en las 48 horas siguientes a la elección, pero todas fueron suspendidas, al no otorgarse acceso público a dichas actas.
Ahora la base de datos oficial está en manos del Poder Judicial, pero no por una impugnación de los resultados electorales, sino por un amparo del propio Maduro. Mientras el Ministerio Público abre una investigación contra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, por presuntamente haber instigado una insurrección popular, la rama electoral del Poder Judicial se apresta a certificar el triunfo de Maduro sin ofrecer información empírica.
Con la falta de acceso público a las actas del escrutinio, en que se basó el anuncio de la victoria de Maduro el 28 de julio, el proceso electoral entró en una fase de opacidad, que violó varios artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. A partir de este lunes, la crisis pasa a la fase de hermetismo, caracterizada por el procesamiento a puerta cerrada de información ofrecida por el CNE.
Lo más probable es que ese trámite culmine con la “certificación” del triunfo de Maduro y con el levantamiento de nuevos cargos contra González Urrutia, quien ha sido nuevamente citado por el TSJ. Habría que recordar que en la primera cita al candidato, se instaba a González a sentarse al lado de Maduro, quien durante toda una semana lo había llamado “fascista”, “nazi”, “criminal de guerra” y “cobarde” en las pantallas de televisión.
En un intercambio en el TSJ entre Maduro y el candidato opositor Enrique Márquez, quien fuera postulado por el Partido Comunista y otras organizaciones, el primero le dijo al segundo “que no se negociaba con fascistas”. La frase pareció ser una respuesta, también, a los gobiernos de Lula, Petro y AMLO, que han intentado una mediación a cambio de la publicación de las actas.
El paso dado es un manotazo en la mesa de esa negociación, propuesta por Brasil, México y Colombia. Venezuela no sólo no procede a la publicación “expedita de los datos desglosados por mesa de votación”, sino que se adentra en la criminalización de opositores legítimos, que compitieron pacíficamente por el poder. Presidentes democráticamente electos, como Lula, Petro y AMLO, no deberían tolerar ese atropello.