A finales de julio, el presidente Biden anunció, primero en un artículo del Washington Post y luego en un acto público, que promovería la aprobación de tres reformas a las reglas que norman el funcionamiento de la Corte Suprema.
La primera está relacionada con la inclusión expresa en el texto constitucional de la no inmunidad por delitos cometidos por expresidentes mientras se encuentren en el ejercicio del poder. La segunda y tercera tienen como destinatarios los miembros del máximo tribunal: en un caso propone establecer límites al periodo de su nombramiento y en el otro la aplicación obligatoria de las reglas contenidas en el código de ética que regula la conducta de los demás jueces federales.
Haciendo a un lado las motivaciones electorales, resulta revelador analizar la manera en que Biden motiva sus propuestas. Sobre la primera señala que, si Estados Unidos se fundó en el principio de que nadie está por encima de la ley, es necesario clarificar en la Constitución que los expresidentes carecen de inmunidad para cometer delitos en el ejercicio de su cargo. Claramente es una respuesta a la reciente resolución del máximo tribunal, a propósito del comportamiento de Trump durante los hechos ocurridos el 6 de enero de 2021, que determinó prácticamente la inexistencia de restricciones legales en los actos que los presidentes pueden hacer.
Respecto al establecimiento de límites temporales en los nombramientos de los justices, Biden señala que ese país es la única democracia constitucional que los nombra de por vida. Recordemos que tres de los nueve integrantes del máximo tribunal fueron nombrados por Trump, rompiendo el equilibrio entre jueces liberales y conservadores. Ello provocó, por ejemplo, la revocación del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Dado que el desequilibrio persistirá los próximos años, suena razonable proponer que, en lo sucesivo, el presidente formule un nombramiento para la Corte cada dos años y que quienes sean aprobados por el Senado ejerzan el cargo por un único periodo de 18 años.
La última propuesta es simple: obligar a los justices, mediante una ley emitida por el congreso, al cumplimiento de las normas del Código de Conducta que obliga a los demás jueces federales. Esta norma exige revelar los obsequios recibidos, abstenerse de participar en actividades políticas y excusarse de resolver asuntos en los que ellos o sus cónyuges tengan conflictos de interés. Las revelaciones de la conducta de Samuel Alito y Clarence Thomas, que han omitido mencionar vacaciones lujosas y uso de aviones privados, justifican sobradamente la necesidad de adoptar una medida de esta naturaleza.
La creciente desconfianza hacia la Corte Suprema explica la búsqueda de medidas que ayuden a recobrar su prestigio como guardián de los derechos ciudadanos. Las propuestas de Biden son pertinentes. El control republicano en la Cámara de Representantes hace que su aprobación sea imposible antes de noviembre. Quizás un triunfo electoral demócrata en la presidencia y en las cámaras cambie esta situación. Sigamos pendientes.
