Claudia Sheinbaum será la primera Presidenta electa de México. Al fin, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la validez de la elección presidencial y la declaró Presidenta electa. En efecto, se trata de un triunfo legítimo dada la clara expresión de la voluntad popular en su favor.
No obstante, este proceso electoral estuvo plagado de violaciones a los principios y leyes electorales que no deben dejar de reconocerse, pues ponen en riesgo el futuro democrático de México.
El Tribunal Electoral decidió, por mayoría de votos, desechar las graves irregularidades que se presentaron a lo largo del proceso electoral. A diferencia de 2006, en donde el propio Tribunal incluyó en su sentencia que los comicios estuvieron en riesgo por las conductas del entonces presidente, en 2024 se decidió simplemente invisibilizar las ilegalidades. Resalta, sin embargo, lo señalado por la magistrada Otálora que, a pesar de quedarse en minoría, desglosó algunos de los principales elementos incompatibles con un verdadero sistema de integridad electoral.
En primer lugar, recordemos el tema de las precampañas adelantadas. De haberse cumplido la ley, ninguna de las candidatas (oficialista y opositora) deberían haber sido registradas. En este lamentable episodio se contó con la complicidad del INE y del TEPJF, que “regularizaron” las conductas de los partidos políticos y hasta redactaron normas para tratar de “normalizar” el proceso apenas iniciado.
Tras la intervención del presidente Fox en la elección de 2006, se produjo una reforma constitucional (2007) que estableció un deber de neutralidad e imparcialidad por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Estos principios fueron cumplidos aceptablemente durante los siguientes 5 procesos federales y cientos de comicios locales. El consenso era que no se podía utilizar la ventaja de ser Gobierno para alterar las condiciones de la contienda en favor de algunos y en detrimento de otros. Pues bien, queda claro que el Presidente López Obrador decidió pasar por encima de la norma, según las propias sentencias del Tribunal Electoral. Sus conferencias y declaraciones, el uso de recursos públicos y programas gubernamentales a favor de su candidata, quedan como ejemplos claros de la violación constitucional.
Por último, este proceso electoral ha sido el más violento de la historia. El asesinato de más de 30 candidatos, atentados, secuestros y las condiciones de presión que influyeron en la renuncia de más de 700 candidaturas, difícilmente pueden ser consideradas como adecuadas para que la ciudadanía votara en libertad.
Con su actuar, el Tribunal manda un mensaje de impunidad para el futuro. No importan las irregularidades que se cometan, mientras se gane por un amplio margen. Este incentivo perverso representa un golpe severo a la democracia mexicana. De no corregirse, se está ante el riesgo de deslizar hacia lo que el Instituto de Estudios de la Transición Democrática ha denominado como “autocracia electiva”.
