Existe una consecuencia imprevista del acceso al poder nacional de Claudia Sheinbaum: todos los gobernantes, los de la absoluta mayoría nacional, Morena, incluidos, serán comparados con sus resultados y actitudes. Ella fue asertiva, socialmente sensible y eficiente con respecto a la persecución del delito.
En la CDMX ha habido disminución de incidencia delictiva en más de 50 por ciento, mejora en la percepción de seguridad consistente durante los años de su gobierno y continuada por Martí Batres. Además, se realizaron detenciones, en otras entidades, de presuntos responsables de actos delictivos en la capital nacional. Se reivindicó el argumento según el cual los gobernadores tienen obligaciones de seguridad con independencia de organismos delictivos de alta o baja peligrosidad, los cuales no se limitan a un territorio.
Y un contraste elemental en su retórica y accionar es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien, según registra la cabeza de la nota de La Razón este martes, “pide a cárteles no afectar la tranquilidad de los ciudadanos”, además de expresar una extraña esperanza de comportamiento educado, cortés y colegial de esos organismos delictivos a quienes invita a “no experimentar ninguna acción agresiva”.
¿Se imagina alguien a la DEA o a la policía inglesa, rusa, cubana, china, coreana, “invitando” a los delincuentes a no afectar la tranquilidad ciudadana? Tal actitud parece corresponder con una autoasumida inhabilidad de entender el problema, ausencia de capacidad y ánimo para enfrentarlo, indisposición para concitar las acciones correspondientes o los acuerdos, incluso con organismos delictivos, aparentemente avalados en la medida en que se “invita” a “la paz” para evitar la violencia generadora de lo que él mismo llamó “un agosto rojo” con al menos diez asesinatos después de la detención de El Mayo Zambada.
Según la Constitución, las y los gobernadores son responsables de garantizar la seguridad pública en sus respectivas entidades. El Artículo 115 establece esa obligatoriedad municipal bajo la coordinación y supervisión del gobierno estatal. El crimen organizado ¿garantizará la tranquilidad voluntariamente? ¿La legalidad también?
Guanajuato, gobernado por el panista Diego Sinhue Rodríguez, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lidera los homicidios dolosos con mil 432 entre enero y julio de este año; Baja California, gobernada por María del Pilar Ávila, con mil 256. Colima, de la también morenista Indira Vizcaíno Silva, es referida en la colombiana Medellín como la entidad con más homicidios en el mundo, a tasa por cien mil.
Es una excelente noticia la de Sheinbaum al frente del poder, es capaz de acrecentar la seguridad del país como lo es la de Clara Brugada al frente de la capital, tras los logros en su propia demarcación. No será buena noticia para gobernantes con déficits de desempeño en la materia.
