Dedico la colaboración de esta semana a abordar dos temas de relevancia en los últimos días:
La visita de Enrique Krauze al ITAM y la votación en el Consejo General del INE relativa a la sobrerrepresentación para la coalición oficialista, en algo que —añadido a la aprobación en comisiones en la Cámara de Diputados, el mismo día, de la desaparición de siete órganos constitucionales autónomos— se ha llamado por un sector de la opinión pública como el “viernes negro” para la democracia mexicana.
No es usual que uno de los intelectuales liberales más influyentes de nuestra época haga apariciones públicas; de ahí la relevancia de la conferencia magistral sustentada por Enrique Krauze en el ITAM el 19 de agosto. Su presentación se realizó en el marco de la Cátedra Extraordinaria Manuel Gómez Morin. La conferencia del historiador versó sobra la vigencia de ese personaje clave en la historia del país —uno de los llamados “Siete Sabios de México”—, de cara al centenario de la publicación de 1915, un ensayo indispensable para entender a nuestra nación tras los estragos de la Revolución. Constructor de instituciones (creación del Banco de México, autonomía de la UNAM y fundación del Partido Acción Nacional, por citar algunas), estudiar la obra y el legado de Gómez Morin es fundamental para dar luz al momento aciago por el que atraviesa México.
Altán, competencia sucia en celulares
Brillante, elegante y preciso, el irredento demócrata liberal Krauze advirtió sobre los riesgos del régimen en proceso de consolidación, ante las regresivas propuestas de reforma que atentan contra la democracia pluralista.
Vinculado con lo anterior, veamos lo que ocurrió en el INE el 23 de agosto. Básicamente, estaban puestas sobre la mesa dos posturas: la primera —que terminó aprobando la mayoría de consejeros— consistía en conceder la sobrerrepresentación a la coalición oficialista (Morena-PT-Verde), dado que la Constitución especifica literalmente que es a los partidos, y no a las coaliciones, a quienes se aplican los topes, y que la autoridad administrativa estaba atada de manos para tomar otra interpretación —como si se limitara a llenar una hoja de cálculo según la fórmula establecida—; y, por el otro lado, dada la aberración y el absurdo que el proyecto conllevaba, en términos de la enorme distorsión respecto al voto ciudadano, una minoría de consejeros sostuvo que cabía hacer otra interpretación, igualmente apegada a la Constitución. En este sentido, los días previos circuló una carta pública suscrita por 27 exconsejeros del IFE/INE y magistrados del Tribunal Electoral, pronunciándose por la factibilidad de realizar una lectura “más abarcante, completa, sistemática y funcional de los preceptos constitucionales”, para que la Cámara de Diputados fuera un reflejo más fiel de la voluntad ciudadana. No se trataba de una decisión obvia (de ahí que no se tomara por unanimidad) ni fácil, y, como se esperaba, el Consejo General optó por validar la sobrerrepresentación al oficialismo.
Ahora todos los reflectores están puestos en la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la espera de que, en uso de su atribución de plena jurisdicción, una mayoría de jueces constitucionales reviertan la decisión del INE. Aunque improbable, no hay que descartar la posible intervención, incluso, de la Suprema Corte de Justicia, a la que le ha sido planteado el asunto por la vía de la contradicción de tesis. Ya se verá. Tendría que ser una decisión rapidísima, pues las nuevas cámaras del Congreso deben asumir dentro de cuatro días.
Como bien lo señaló Krauze, es el preludio de una peligrosa regresión autoritaria, una restauración —parafraseando una de sus obras emblemáticas— de la “presidencia imperial”.
