Desde junio los acontecimientos económicos, financieros y políticos han despertado mucho nerviosismo y volatilidad en los mercados, incrementado los temores sobre un choque adverso sobre la economía mexicana.
El impacto negativo del entorno —interno y externo— se ha traducido concretamente para México en un aumento del riesgo país y la consecuente depreciación del tipo de cambio que ya ronda los 20 pesos por dólar (una depreciación de 17% respecto al nivel previo a las elecciones).
Considero que los factores de riesgo internos tienen preponderancia en la actual coyuntura. El resultado de las elecciones que proporcionó una mayoría calificada en el Congreso a la alianza oficialista, la reforma al Poder Judicial y la posible eliminación de los órganos autónomos han incrementado la incertidumbre entre muchos inversionistas generando mayor y más intensa volatilidad financiera.
Los factores de riesgo externos son de consideración. Los elementos que contribuyen al mayor riesgo provienen especialmente del lado financiero. Uno de ellos asociado a un posible mayor endurecimiento de la política monetaria de Japón cuya fuerza ya quedó claramente confirmada hace unos días. Asimismo, hay mucha incertidumbre sobre la magnitud del próximo relajamiento monetario por parte de la Fed. Finalmente, es considerable la evidencia de desaceleración productiva en Estados Unidos que constituye el principal riesgo en materia económica para nuestro país.
Como arriba menciono, toda esta ensalada de riesgos ha generado tal incertidumbre que promueve un mayor riesgo país y una depreciación cambiaria. Desafortunadamente, hacia adelante los riesgos continúan. Es posible que no se haya materializado del todo el impacto de un segmento importante de los mercados que se oponen a la reforma judicial y a la desaparición de los órganos autónomos y, por tanto, falte por verse un mayor desenlace ahora que queden consumadas las estrategias oficiales.
Asimismo, la preocupación sobre la estabilidad de las finanzas públicas viene creciendo progresivamente. En la medida en que las perspectivas de crecimiento para 2025 vienen ajustándose a la baja (actualmente en 1.2%), se generan dudas sobre la viabilidad del mega ajuste al gasto público anunciado por la Secretaría de Hacienda que será necesario después del déficit de casi 6.0% previsto para este año.
En el planteamiento del programa económico para el próximo año la autoridad tendrá que ser muy convincente en el regreso a la estabilidad de las finanzas públicas, de lo contrario, veremos otra vez nerviosismo e incertidumbre.
En lo externo, habrá que añadir el discurso de las campañas en la elección presidencial de Estados Unidos que pondrán de relieve nuevamente los temas de migración y de relaciones comerciales de México con ese país, que por experiencia sabemos que en nada favorecen la estabilidad en México.
Es en efecto, un panorama complicado para la economía mexicana que requerirá necesariamente respuestas claras y precisas por parte de la nueva administración. De lo contrario, puede afectarse seriamente la confianza en las políticas públicas y mermar las decisiones de inversión productiva.
Si bien considero que a la fecha las repercusiones sobre la perspectiva de crecimiento para la economía mexicana no han sido de consideración, no está exento un escenario de un descalabro económico mayor. Ello significaría un duro golpe para el cumplimiento de las metas y programas de la siguiente administración.