Está naciendo un nuevo régimen político en México. Los consensos democráticos y la armonización de las nuevas regulaciones con el orden jurídico existente, están quedando en el pasado.
La concepción de este nuevo orden es el gobierno popular de López Obrador que, luego de un sexenio de batallas legislativas y judiciales, presentó el 5 de febrero 18 reformas constitucionales para reformar el Estado Mexicano, de una vez y por todas. Se desarrolló con el apabullante respaldo popular y electoral del 2 de junio que le dieron 60% de los votos a Claudia Sheinbaum, 55% a Morena y sus aliados en Diputados y 52% en el Senado. Se gestó con la validación del Tribunal Electoral de la supermayoría en Diputados de Morena del 28 de agosto. Con esta combinación, hoy, estamos a un Senador de que se aprueben las Reformas al Poder Judicial, a los Constitucionales Autónomos, a la Guardia Nacional. Reformas que transformarán profundamente la vida pública de México.
Lo más probable es que el nuevo orden tenga las siguientes características: 1) Una Presidenta con amplia discrecionalidad y facultades para implementar políticas públicas y para reglamentar, concesionar, administrar y recaudar de forma unilateral; 2) Un Legislativo dominado con amplias mayorías del partido en el Gobierno con capacidad de reformar la Constitución y el orden legal sin tomar en cuenta a la oposición; 3) Un Poder Judicial ocupado por ministros, jueces y magistrados sin motivaciones para frenar decisiones del Ejecutivo y Legislativo y, 4) el dominio de Morena en 24 de 32 estados tantos en sus ejecutivos como legislativos.
No obstante, este régimen ultra mayoritario no está creado en el vacío y se enfrenta, entre otras, a las siguientes restricciones políticas, sociales y económicas: 1) La legitimidad popular, moral y política de López Obrador que puede convertirse en un poder fáctico que condicione el respaldo legislativo y local al nuevo Gobierno; 2) La revocación de mandato como una amenaza creíble en caso de desviaciones con la agenda obradorista; 3) El papel preponderante de las fuerzas armadas en el control de puertos, aeropuertos, trenes y aduanas; 4) El control y cooptación del crimen organizado de regiones e instituciones del país; 5) El incremento de la violencia criminal, política y de género en el país; 6) La amenaza de sanciones comerciales por incumplimientos con el T-MEC, el crecimiento de la industria china en el país y la crisis migratoria hemisférica; 7) la reconsideración y replanteamiento de compromisos de inversión del sector privado frente a un mayor riesgo-país y, 8) el incremento del déficit público y el hambre fiscal de los Gobiernos federal y estatales.
Dicho esto, a pesar de que la comentocracia tradicional ha acordado que el nuevo régimen es una autocracia peor que el PRI de los 70, creo que su verdadera naturaleza no se revelará sino hasta después de ver los efectos económicos y políticos que resulten de 1) la ventana de Septiembre, 2) la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y 3) la elección presidencial en Estados Unidos el 5 de noviembre. Esto es porque del tamaño del golpe económico que produzcan estos eventos y el subsecuente cambio en la popularidad del Gobierno de Sheinbaum depende el nivel de cooperación que requerirá por parte de la iniciativa privada, socios comerciales, organismos internacionales y otros actores claves y, por lo tanto, el nivel de concesiones regulatorias, de política pública y autorizaciones que su Gobierno les dará.
Se espera que el Gobierno de Sheinbaum pronto se vea en la necesidad de buscar cooperación porque: 1) El Gobierno mexicano depende más de ingresos fiscales que de ingresos petroleros y, por lo tanto, requiere de la inversión privada –nacional y extranjera– para financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales; 2) México depende de tratados internacionales y su cumplimiento para mantenerse como potencia exportadora; 3) el plan de Gobierno de Sheinbaum requiere de los privados para impulsar su visión de prosperidad compartida y desarrollar sus polos de bienestar; 4) la presión de Estados Unidos no se ha hecho presente por coincidir con el proceso electoral, pero una vez culminado pedirá cuentas y 5) la relocalización de empresas requiere certezas jurídicas y políticas para materializarse.
Por lo tanto, la dependencia del Gobierno mexicano de los ingresos fiscales, su cercanía con Estados Unidos y el T-MEC y la oportunidad del nearshoring, hacen probable que la relación del Gobierno mexicano con la iniciativa privada, los organismos internacionales, los medios de comunicación y, en una de ésas, hasta la oposición se base, no en el consenso democrático, sino en la cooperación.