Como si no fuera suficiente el adverso ambiente para las empresas del sector energético en México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador impulsa disposiciones regulatorias que, además de la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), aún a cargo de Andrea Marván, representan bloquear la competencia en la comercialización de petrolíferos al grado de impedir la participación de los particulares.
En otras palabras, una reestatización de la comercialización de gasolina, diésel, gas y toda suerte de petroquímicos a través de medidas regulatorias secundarias; es decir, por la puerta trasera.
Esa reestatización es a través de las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) que establecen los requisitos para la presentación de las solicitudes, modificaciones, actualizaciones y obligaciones de las actividades de comercialización de petrolíferos o petroquímicos…, las cuales conllevan requisitos inexpugnables para la presentación de las solicitudes, actualizaciones, modificaciones y obligaciones de las actividades de comercialización de petrolíferos o petroquímicos.
Es muy probable que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), de Alberto Montoya, publique el Dictamen Final Total y deje la versión actual, “sin cambiar una coma” como es la tónica presidencial. De esa manera la Conamer ignorará la mayoría de los comentarios y preocupaciones del sector, mismos que serían desechados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que por increíble que parezca también batearía las inquietudes expresadas por Pemex —aún dirigida por Octavio Romero— por escrito durante el proceso de consulta pública.
Y así, a unas semanas de terminar el sexenio, existe el riesgo de que estas disposiciones sean aprobadas por la CRE, que encabeza Leopoldo Melchi, lo que representaría una barrera infranqueable para el sector privado, ya que impone barreras y condiciones injustificadas para la comercialización de petrolíferos.
Por ejemplo, tales disposiciones obligan a los particulares a entregar información confidencial de las empresas, descuentos a sus clientes y márgenes de ganancia, entre otras. Esto, claramente, extralimita las funciones de la CRE y le otorga una amplia discrecionalidad para revocar o suspender permisos.
Este delicadísimo asunto, que había pasado debajo del radar en la discusión pública, ya es del conocimiento de Katherine Tai, representante comercial de la Casa Blanca, y podría estar en la agenda de revisión del T-MEC, en caso de ser aprobado por la CRE, y ser llevado a otro Panel de Controversias.
A pesar de que la CRE está en proceso de extinción, parecería que sus integrantes quieren darle el “regalo” a AMLO, de terminar de poner los clavos al ataúd a la participación de la IP en el sector de combustibles… y generar otro pleito con EU.
Yunes, desaparición política de una estirpe. Vaya decisiones tan severas que tendrá que tomar hoy el senador titular Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, el senador suplente Miguel Ángel Yunes Linares. El senador titular y su hermano Omar son objeto de una persecución política derivadas de bobadas administrativas, pero persecución al fin y al cabo. Esa persecución, es sabido, sería suspendida (pero nadie sabe si cancelada) si los Yunes en el Senado votan a favor de la reforma al Poder Judicial de la 4T.
Hasta donde es sabido, el joven Miguel Ángel podría desistir estar presente en las discusiones de hoy, incluso renunciar y dejar las riendas de la representación senatorial y el crucial voto de este martes en manos de su padre. Ello implica adelantar el plan familiar un par de años, pues se pretendía efectuar previo a las próximas elecciones de alcaldías en Veracruz para que el joven senador se lanzara de nueva cuenta para alcalde de Boca del Río… y prepararse a competir por la gubernatura en 2030.
El riesgo no podría ser mayor: de votar a favor de la reforma judicial, traicionando al Bloque de Contención Opositor, el futuro de la estirpe Yunes quedaría cancelado al ser objeto de repudio del Partido Acción Nacional y, aun perdonados por el oficialismo, ser una suerte de “arrimados” en el partido Morena.
Y se trata de un riesgo expansivo: el efecto de depreciación no sólo alcanzaría a los “Yunes Azules”, sino también a los “Yunes Rojos”, los Landa y Zorrilla, de filiación priista.
No, no la tienen fácil.
Ahora los “ambientalistas” pierden el calendario. El supuesto ambientalista Carlos Álvarez presentó ayer una denuncia ante la Profepa, que encabeza Hernando Herrera, en contra de la empresa SIMMA, dedicada al traslado de residuos peligrosos, en su mayoría de hospitales.
El también conocido activista en contra del gobierno obradorista señala a este grupo de haber arrojado desechos en un predio en La Paz, Baja California Sur, en marzo pasado… en un periodo en el que dicha firma había suspendido sus servicios en instituciones públicas en la entidad gobernada por Víctor Manuel Castro. Al “perder el calendario” parece que este personaje quiere engañar a alguien al son de un conocido tintineo.
Fincan responsabilidades en ESSA. La nota es que la Secretaría de la Función Pública de Roberto Salcedo ya fincó responsabilidades a través de la orden 000010/2024 en contra de cuatro exfuncionarios y funcionarios de la paraestatal Exportadora de Sal, cuyo caso catalogado de grave será enjuiciado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El asunto destaca en un sexenio en que brillaron por su ausencia las acciones legales por presuntos actos de corrupción y/o indolencia en el desempeño de un cargo público. Mañana le cuento los detalles…, pero le adelanto que no será del gusto del góber Castro.
Zamora, Sempra Infraestructura. La nueva es que Abraham Zamora ha sido nombrado por Sempra, la compañía que preside Jeffrey W. Marti, como el nuevo presidente en México de la subsidiaria Sempra Infraestructura; Zamora aplicará su experiencia de 25 años en puestos clave del sector privado y público para colocar a la firma como líder en materia energética en el país. En buena hora.
