No cabe duda de que la lucha frontal contra la pobreza debe ser el objetivo principal de cualquier gobierno en el mundo. Lograr un mínimo de bienestar para toda la población que satisfaga las necesidades de alimentación, educación, salud, vivienda y servicios básicos (agua, transporte, drenaje, seguridad, medioambiente adecuado y protegido, etc.) Que sumado a la participación y el empoderamiento de los ciudadanos logren la disminución de la desigualdad social a un mínimo aceptable es el sustento básico de cualquier democracia.
En este sentido y, pese a las voces de algunos detractores, los resultados de la administración que termina arrojan un saldo favorable al menos en cuanto a los niveles de pobreza. Ya son conocidos los datos del Coneval respecto a la reducción de la pobreza en el periodo 2018-2024, e incluso, el último reporte del Banco Mundial sobre pobreza estima una reducción adicional para los últimos dos años de la siguiente administración.
Las cifras oficiales del Coneval (organismo autónomo que ha cumplido cabalmente con sus funciones y a mi juicio no debería desaparecer) son contundentes. Indican que en el periodo de 2006-2012, cuando la crisis global azotó fuertemente a la economía mexicana, la pobreza por ingreso —que es el indicador comparable entre periodos— se incrementó sustancialmente en casi 15 millones de personas, y durante el sexenio 2012-2018 disminuyó marginalmente en medio millón de personas.
Durante la presente administración, a pesar de la pandemia y la crisis, se ha logrado disminuir la pobreza en cuatro años en casi seis millones de personas y muy probablemente continúe descendiendo hasta 2024 en 9 millones, de acuerdo a los cálculos del Banco Mundial.
Cuatro ejes apoyaron la estrategia del Gobierno: el incremento sustancial a los salarios, mantener la estabilidad macroeconómica que permitió un control adecuado de la inflación, una posición fiscal sana durante los primeros cinco años de la administración y un incremento sustancial de la ayuda social mediante más apoyos y programas directos.
Sin menoscabo de este importante logro de la actual administración, debe considerarse la sustentabilidad de dicho éxito hacia el futuro. Hemos sido testigos de cómo la pobreza puede incrementarse frente a eventos adversos, como las crisis económicas. La reducción sustentable de la pobreza requiere un enfoque integral y de largo plazo que involucre aspectos fundamentales de la economía y de la sociedad.
En este sentido, a pesar de que, por ejemplo, la obligación de la ayuda social del Gobierno se ha escalado a rango constitucional, el cumplimiento de este compromiso requiere de una posición fiscal saludable del Gobierno y de un crecimiento económico sostenido. Asimismo, la formación de capital humano a través de una mejor educación y mejores servicios de salud y un ambiente en donde disminuya la inseguridad son condiciones indispensables para mejorar las condiciones de productividad y apoyar el crecimiento en el largo plazo.
Son en consecuencia, grandes retos para la siguiente administración que sólo bajo un ambiente donde se fomente la inversión pública y privada, se mantenga la estabilidad macroeconómica que proteja el poder de compra de los salarios y fomente una mayor competitividad de toda la economía, podrá garantizarse que la pobreza no vuelva a incrementarse, e incluso, siga disminuyendo. Pensar en el largo plazo es indispensable.