En su libro Sobre la revolución, la filósofa y pensadora política Hannah Arendt nos recuerda que casi inmediatamente después de que un movimiento social revolucionario llega al poder, sus más aguerridos integrantes suelen transformarse de críticos de la injusticia y el abuso de autoridad a ser ellos mismos los nuevos conservadores y amantes del orden, replicando todos los males que juraron destruir.
Las imágenes iniciales de esta transformación pueden parecer banales y hasta risibles, pero anticipan los grandes peligros que pueden desatarse cuando un supuesto proceso de ruptura política da la vuelta en u para convertirse en restauración, como pueden dar cuenta tristemente nuestros amigos de Nicaragua. Daniel Ortega, se levantó en armas contra la dictadura de Anastasio Somoza en los setenta, pero terminó convirtiéndose en un dictador que se ha adueñado del país y que sigue avanzando en su ofensiva contra todo aquel que le incomode.
Para hablar de lo que sucede en otros países y tratar de extraer las lecciones que pueden darnos, es indispensable hablar con el mayor detalle y contexto posible. Decir “somos Venezuela” o que alguna situación es “igual que en Nicaragua” resulta ocioso, pues ningún momento político es igual a otro, pero es importante aprender de ellos. En el caso nicaragüense, es importante destacar que el proceso de poner una mordaza a los críticos del gobierno ha avanzado mucho en los últimos años, pues ya se ha perseguido, encarcelado, asesinado y/o expulsado del país a la gran mayoría de figuras públicas y políticas que se atrevieron a desafiar al régimen de Ortega. Lo que hoy estamos viendo en Nicaragua son los apretones finales de tuerca de un régimen que, habiéndose deshecho de sus principales opositores, ha girado a buscar enemigos entre sus propios colaboradores y entre las personas de a pie.
Eso explica que en los últimos días se han aprobado cambios a la Ley de Ciberdelitos (conocida como ley mordaza) para poder castigar con hasta 10 años de prisión a cualquier persona que “ponga en peligro la estabilidad económica y social, el orden público, la seguridad soberana o la salud pública” mediante “el uso de redes sociales y aplicaciones móviles”, sin importar que se esté dentro o fuera del país. Lo que esto implica es que cualquier persona es susceptible de terminar apresada por algo tan sencillo como dar like a una publicación que no le gusta al régimen o publicar algo que el gobierno ha decidido que está mal. Parece chiste, pero es anécdota, como pueden dar cuenta varios influencers y TikTokers, como el famoso Tropi Gamer, que terminaron en un avión expulsados de su país la semana antepasada por apoyar causas que no le parecen al régimen (algunas tan alucinantes como apoyar a la Miss Universo 2023 que no ha podido regresar a Nicaragua porque el gobierno la considera traidora a la patria). Igualmente, la semana pasada se terminó de aniquilar a la sociedad civil, pues después de cancelar el registro de más de 5,600 organizaciones, ahora es obligatorio que cualquier ONG que quiera operar en Nicaragua colabore con el gobierno y se abstenga de cualquier crítica. Nicaragua no es un espejo para mirarse, pero sí un faro de hacia dónde pueden ir las cosas en una transformación que se traiciona a sí misma.
