La reforma judicial en México, que fue aprobada y publicada la semana pasada, ha generado un amplio debate sobre sus implicaciones en diversos ámbitos de la vida nacional. Uno de los aspectos más relevantes, y que pocas veces se ha discutido, es el impacto que esta tendrá en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Si bien aún es temprano para evaluar a fondo las consecuencias a largo plazo de ésta reforma, es imprescindible analizar las posibles repercusiones sobre este grupo de la población particularmente vulnerable.
La concepción de las infancias en diversos tratados internacionales de derechos humanos implica que el Estado tiene la obligación de garantizar su bienestar, desarrollo integral y protección especial. En este contexto, la reforma judicial puede tener un impacto negativo en la manera en que se interpretan, aplican y protegen estos derechos en los tribunales.
Una de estas consecuencias es el debilitamiento de los mecanismos de supervisión y control de las instituciones encargadas de garantizar estos derechos. Al ser elegidas las personas juzgadoras por elección popular, se correrá el peligro de dejar a un lado conocimientos técnicos y teóricos sobre dinámicas de abuso a menores, poniendo por encima otras prioridades que no contemplen a las infancias y adolescencias e intereses político-electorales.
Otra consecuencia es la posible falta de especialización en estos temas, debido a la eliminación de la carrera judicial. El riesgo de eliminar años de preparación para ejercer un puesto en el Poder Judicial, puede derivar en que las personas juzgadoras, al no tomar en cuenta los estándares internacionales por falta de preparación, emitan fallos perjudiciales para niñas, niños y adolescentes.
Es fundamental que las personas juzgadoras que conozcan de asuntos relacionados con la niñez, cuenten con la formación y sensibilidad necesarias para garantizar una adecuada protección de sus derechos. La oficina de la Defensoría de los Derechos de la Infancia ha manifestado así su preocupación respecto al impacto de esta reforma y los riesgos que conllevan. 1. El impacto en la especialización judicial para la atención, 2. Los riesgos de politización de los criterios judiciales, y 3. Las consecuencias en el acceso a la justicia para ellos y ellas.
Sin un proceso adecuado y herramientas necesarias, problemas como la discriminación, el abuso familiar, la explotación infantil y el abuso sexual a personas menores, lejos de ser erradicados, se irán agravando. Esta reforma judicial y su aplicación no deben dejar a un lado la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; es por eso por lo que, como sociedad civil, debemos vigilar muy de cerca que los estándares ya establecidos para su protección no solamente se cumplan, sino que se sigan ampliando.
