Somos un país que tiene cinco jueces por cada cien mil habitantes, mientras que hay países en Centroamérica que tienen 10 veces más que eso. Ese dato impresionante lo mencionó el expresidente Ernesto Zedillo el martes pasado con Ciro Gómez Leyva.
Saquemos conclusiones honestamente. ¿Podría ampliarse considerablemente el número de jueces con remuneraciones superiores a la del Presidente de la República? Obvio no. Las cifras que ofrece Zedillo prueban que el tema del monto salarial no es una frivolidad. No es una mera obsesión de mentes chiquitas, ignorantes y envidiosas. En lugar de pocos juzgadores federales muy bien pagados, se podría distribuir mejor la carga de trabajo entre personal judicial con salarios razonables.
La Barra Mexicana de Abogados alerta en un comunicado reciente del escándalo que representa la sustitución de casi siete mil jueces. Pero el exministro Arturo Zaldívar aduce, también en el programa de Gómez Leyva, que la elección se parecerá más bien a una ratificación de los actuales, con contadas excepciones. Si esto último fuera cierto, entonces la reforma judicial podría ser un arreglo presupuestario, previo a la expansión del número de jueces.
Los intérpretes de cabeza fría y calculadora en mano harán notar que, durante el sexenio que concluye, la reducción de salarios y plazas de servidores públicos permitió a AMLO redirigir recursos y reducir la pobreza de varios millones de personas. En este nuevo caso, inferirán los bien pensados, la reforma judicial también podría permitir a Sheinbaum la contratación de más jueces con salarios menores, reduciendo así el rezago judicial.
Pero los intérpretes que piensan mal quizá acierten: en nombre de la austeridad republicana, la elección popular de los jueces podría transformar un poder judicial, de por sí frágil, en un coto partidista y en un campo de batalla político. Porque los juzgadores, por su propia naturaleza, deben ser imparciales e independientes, libres de las influencias de la opinión pública, de los ciclos electorales y de los partidos políticos.
Ése es el compás de espera en el que nos encontramos, la tensión entre, por un lado, la necesidad de poner tope a salarios excesivos de órganos y poderes autónomos (no sólo el judicial) y, por el otro, el riesgo inminente de politizar esos órganos y poderes autónomos. Pero, como vemos, el propio Zedillo no puede evitar darles armas a sus oponentes, ni los morenistas, cuando dan señales de sí querer sustituir a miles de jueces con amigos.
Por el momento, estamos a la expectativa de lo que decida la Corte con respecto a la constitucionalidad de la reforma. Pero, aunque nuestros poderes jueguen con el país como con una pelota, al final hay otro problema: la cancha tiene agujeros y mientras algunos delanteros ganan una fortuna, faltan defensas, mediocampistas y hasta porteros.
Ya sea que la reforma se mantenga o que presenciemos un choque de trenes si es invalidada, la realidad más allá de la confrontación es la de un país con pocos jueces para tantos conflictos. Cuando se asiente el polvo, los millones que esperan sentencia seguirán allí.