Si faltaba algo para maltratar aún más la relación comercial y financiera con Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador agregó una expropiación disfrazada de declaratoria de zona ambiental protegida sobre los terrenos de Sactun-Calica, propiedad de la minera estadounidense Vulcan Materials y que dará seguramente pie a un nuevo arbitraje internacional por parte de la empresa que encabeza Tom Hill, sumándose al ya existente por la clausura de la pedrera ubicada en Punta Venado, Quintana Roo, por la que se le reclama al Gobierno mexicano una indemnización de 1,500 millones de dólares.
Adicionalmente, la expropiación en cuestión apunta a ser objeto de sanciones económicas en EU como han propuesto a nivel de iniciativa de ley los senadores Katie Britt y Tommy Tuberville, de Alabama, ambos republicanos, y el senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, para aplicar penas a las compañías cuyos buques arriben al muelle de Calica… como hoy realiza Cemex, que encabeza Fernando González.
Sin embargo, el verdadero problema es el que López Obrador también hereda a Claudia Sheinbaum es la duda acerca de que si México aceptará los veredictos de los tribunales internacionales donde se dirimen arbitrajes de esta naturaleza de lo que sucede en el polígono de 2 mil hectáreas. El 15 de octubre próximo el nuevo Gobierno, se reunirán con los directivos de las 50 multinacionales estadounidenses para afirmarles que “no se les afectará en nada”, que el T-MEC resultará indemne con la reforma judicial y las otras que componen el Plan C —que incluye la desaparición de los órganos autónomos—. Pero la reunión se efectuará con una expropiación tamaño paquidermo en la sala de sesiones.
La duda existente previo a ese encuentro es si el próximo gobierno respetará una resolución negativa de parte del tribunal internacional CIADI o responderá igual que su predecesor a quien no le importan los laudos de los tribunales internacionales como recientemente ocurrió con el caso de la empresa de rescate de tesoros submarinos, Odyssey Marine Exploration.
Vaya manera de dejar “la víbora chillando”.
No más no hay cómo pagar. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, que encabeza Luis Méndez Jaled, acaba de presentar al equipo de Sheinbaum sus estudios estratégicos de impulso a la construcción, mejora y conservación de infraestructura pública, y para lo cual se estiman —sólo para corregir el rezago existente y evitar se siga profundizando— necesarios entre 1.6 billones y 2.1 billones de pesos anuales. Evidentemente, ni yendo a bailar a Chalma, hay manera que el presupuesto público —que ya está comprometido para hacer un recorte de casi un billón de pesos en 2025 a fin de cumplir el acuerdo con las agencias valuadoras de riesgos crediticios internacionales— puede con ello… y menos cuando el presupuesto en el sexenio que está por concluir retrocedió en términos reales más de 14%.
Los retos son monumentales. Se estima que, sólo el 30% de la red carretera nacional se encuentra en buen estado. Para Conagua, que llevará Efraín Morales, las cosas no están mejores: el 60% de los hogares mexicanos no tiene agua corriente de todos los ríos y la mayoría de los cuerpos de agua padecen algún nivel de contaminación. Para Sedatu, que llevará Edna Elena Vega, hay “misión imposible” pues de los 38 millones de casas habitación, el 73% se levantó en condiciones de irregularidad en la tenencia de la tierra y/o deficiencias constructivas y se requerirán en los próximos 25 años edificar ordenadamente 16 millones de casas luego de que entre 2019-2024 sólo se incorporaron 2 millones de unidades.
Las soluciones de CMIC, contenidas en un decálogo preciso, indican la relevancia de enfocar la inversión pública hacia objetivos claro y sin desperdicios que propone diversas modalidades de asociaciones público-privadas… de esas que hasta ahora no son del gusto del régimen.
Las mentiras de Loretta Ortiz. Vaya, vaya. ¿Quién iba imaginar que tan pronto Guadalupe Taddei diera el banderazo de salida para la “elección popular” de jueces, magistrados y ministros, la primera en salir corriendo sería Loretta Ortiz Ahlf aventando todo tipo de patadas y codazos para colocarse en el agrado de sus patrocinadores políticos? Entre las maniobras para convertirse en “elegible del gran elector”, la ministra declaró sobre los presuntos ofrecimientos de Grupo Salinas en 2021 para que “perdonara” la ilegal cobranza doble fiscal a cambio de una serie de “beneficios” que resultan fantasiosos por carácter definitivamente chicharronero y por qué entonces Ortiz Ahlf ni siquiera llegaba aún a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (inició funciones formales el 4 de enero de 2022).Eso sí, todas sus afirmaciones sin presentar prueba alguna.
De ahí que la agrupación encabezada por Ricardo Salinas consideró de mentiras las declaraciones de la ministra, motivadas por un interés político, mostrando así uno de los riesgos más grandes de la reforma judicial, ella que aseguró que los perfiles adecuados para llegar a la Corte “no se pueden alcanzar por las urnas”.
¿Quién para Cofepris?. Es sabido que el próximo secretario de Salud, David Kersenovich, quiere renovar todos los mandos del sector, incluyendo los de la vital Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), donde a la salida de Alejandro Svarch, suenan personajes relevantes que conocen carencias sociales y han tenido práctica farmacéutica… como Juan Guillermo Rendón. Ya le cuento.
