Por si quedaba alguna duda, en la última semana se han venido abajo las esperanzas de una paz próxima entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Poco ha importado la identidad de izquierda del gobierno colombiano. De hecho, es más que probable que esa identidad y la reiterada disponibilidad de la administración de Gustavo Petro al diálogo, intensifiquen la agresividad de los viejos grupos armados.
Hace una semana se produjo un ataque del ELN contra la base militar de Puerto Jordán, en Arauca. Esta región, ubicada en el paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, es una zona en disputa entre cárteles de la droga, bandas criminales, traficantes de personas y grupos paramilitares. Desde el fracaso del cese al fuego entre la guerrilla y el gobierno, las denuncias de secuestros, extorsiones y asaltos armados se han multiplicado en esa zona.
También en el departamento de Arauca se registró, hace unos días, un asalto del mismo grupo armado contra un convoy de carros blindados del ejército colombiano. Un alto mando del ELN, conocido como Antonio García, se atribuyó las acciones armadas y señaló que las mismas se deben a que en agosto pasado se suspendió la moratoria de paz por el incumplimiento de compromisos del gobierno.
Los desacuerdos provienen del rechazo del ELN a aceptar las condiciones para la pacificación que plantea el gobierno de Petro y que tienen que ver con la garantía básica del control territorial por parte del Estado. En el caso de la región fronteriza, difícilmente esa garantía llegará a establecerse sin acciones paralelas del lado venezolano y sin la buena voluntad del gobierno de Nicolás Maduro.
Tanto en los medios oficialistas venezolanos, como en los opositores colombianos, se subestiman las tensiones entre Maduro y Petro por el no reconocimiento del triunfo del primero por parte del segundo. Del lado oficialista venezolano, esas diferencias se relativizan, se ocultan o se disimulan. Del lado opositor colombiano, se exageran las coincidencias entre ambos mandatarios y se presenta a Petro como cómplice o aliado de Maduro.
Como ha analizado en detalle Juan Pablo Calvás en el diario español El País, el ELN ha mandado señales —no siempre precisas, pero señales al fin— de apoyo a la reelección de Maduro, y éste ha reforzado sus alardes de autoridad frente a la disidencia de las FARC y el propio ELN. Después del 28 de julio, Maduro ha reiterado que Venezuela es “el garante de la negociación de paz en Colombia”.
Imposible no ver esa ofensiva retórica como un mecanismo de presión sobre el gobierno de Gustavo Petro para que, a cambio de un reconocimiento de Maduro, Colombia obtenga mayor colaboración venezolana en la región fronteriza. La pregunta es si el propio gobierno de Nicolás Maduro quiere o puede asegurar la paz en una zona en la que ambos estados y ambos ejércitos han sido rebasados por fuerzas paramilitares y del crimen organizado.
