En un contexto marcado por la reciente reforma judicial, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha sido señalada por haber abandonado su rol de juzgadora imparcial para convertirse en una figura política activa. Estas acusaciones han surgido en relación con sus más recientes declaraciones y su aparente participación en una campaña política, lo que ha generado preocupación sobre la objetividad de su actuación en la Corte.
De acuerdo con Grupo Salinas, estas críticas de Loretta Ortiz habrían comenzado recurriendo a mentiras y manipulaciones, lo que ha sido visto como un comportamiento más propio de un político tradicional que de una ministra del máximo tribunal de justicia. Se le señala de haber fabricado una supuesta oferta de un grupo que buscaba beneficios, una afirmación que, según los críticos, no ha presentado ninguna prueba que la respalde. Estas acusaciones ponen en duda su credibilidad y motivaciones.
Uno de los puntos más preocupantes de este caso es la amplia difusión de las declaraciones de Ortiz justo en el inicio del proceso electoral para la elección de ministros, magistrados y jueces. Esto ha llevado a especulaciones sobre la coincidencia de los tiempos y sobre si la ministra está utilizando su plataforma en la Corte para ganar visibilidad en el contexto electoral. Además, llama la atención que, pese a que en 2021 Ortiz se opuso a la elección popular de los integrantes del Poder Judicial, ahora parece haber cambiado de postura para ajustarse a sus propios intereses políticos.
Lo que resulta aún más controvertido, dice el documento difundido por el grupo que preside Ricardo Salinas Pliego, es que Loretta Ortiz haya afirmado que el supuesto acercamiento de este grupo de interés ocurrió antes de que ella llegara a la Corte, en 2021, pero elige hacer públicas estas declaraciones en un momento crítico, justo cuando hay dos importantes asuntos fiscales en proceso de discusión dentro de la SCJN. Este contexto genera suspicacias sobre si su revelación tiene el objetivo de desviar la atención o influir en dichos debates. Las críticas también apuntan a que esta conducta de la ministra es una manifestación preocupante de uno de los riesgos inherentes a la reforma judicial: la politización del Poder Judicial. Al estar en campaña, Ortiz, según sus detractores, estaría dejando de lado su objetividad y enfocándose más en proteger los intereses de quienes respaldan su candidatura que en ejercer un juicio justo e imparcial.
En este sentido, su figura se presenta como un reflejo de los temores sobre la pérdida de independencia del Poder Judicial ante las presiones políticas. Finalmente, el texto subraya la importancia de mantener un Poder Judicial fuerte y responsable, que se guíe por el Estado de derecho y no por agendas políticas. En momentos como éste, se enfatiza que ministros, magistrados y jueces deben actuar con integridad y transparencia, privilegiando la justicia sobre los intereses personales o políticos. La situación de Loretta Ortiz pone en evidencia las posibles consecuencias de una reforma judicial que, lejos de fortalecer el sistema, podría estar facilitando la injerencia política en decisiones clave para el país. Este panorama refleja la necesidad urgente de proteger la independencia judicial en México y de asegurar que los integrantes del máximo tribunal actúen en función de la verdad y la justicia, evitando caer en las dinámicas de manipulación política que podrían debilitar la confianza en las instituciones.
Semarnat Señalada. El sexenio termina y son varias las voces desde distintos sectores industriales que claman por un nuevo enfoque, a partir del cambio de gobierno, en la regulación de sus actividades por parte de la Semarnat. No queremos favores ni facilidades, sólo necesitamos que haya seriedad y que las instituciones de gobierno funcionen con base en datos, leyes y normas, más que a partir de la ignorancia, la retórica populista y la propaganda partidista, dicen. El atraso con el que cierra la gestión de María Luisa Albores en cuanto a la gestión de permisos y Manifestaciones de Impacto Ambiental para proyectos de construcción, actividades extractivas y turismo, entre otros giros, ha provocado el freno de numerosas inversiones y ha puesto en riesgo la continuidad de cientos de operaciones y proyectos productivos que ya están en curso.
La molestia es mayor ante la evidencia de que, en contraste con la negligencia y falta de criterio para responder a proyectos de la iniciativa privada, el impacto ambiental de obras gubernamentales queda totalmente impune o hasta se agrava, sin que la Semarnat aparezca por ningún lado. Recientemente se ha hecho público que más de 200 hectáreas de selva en la península de Yucatán fueron arrasadas para extraer piedra que se requiere para la construcción del Tren Maya, sin que existan consecuencias. Y qué bueno que la inversión pública encuentre facilidades para desarrollarse, pero no puede estar exenta de la responsabilidad ante los ecosistemas, ni se pretextó para excluir la posibilidad de que la inversión privada en actividades industriales fluya. Muchos ojos, dentro y fuera del país, están puestos en lo que habrá de ser el enfoque de la nueva administración en esta materia.
Voz en off. ¿Quién le va a poner un alto al robo de autopartes en el país? Históricamente de los mayores delitos que más lastiman a la sociedad. A nadie parece importarle, ni a las autoridades federales, ni a las automotrices agrupadas en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), mucho menos a las aseguradoras que están en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Más allá de las justificaciones y la palabrería, urge atender este grave problema…
