La reforma constitucional que debilita y somete al Poder Judicial, está en marcha. El régimen transitorio que determina que el INE comience los preparativos de la elección de juzgadores en junio próximo, parece diseñado para hacerla irrealizable bajo estándares de integridad.
La discusión al vapor, sin tomar en cuenta una infinidad de elementos, augura un futuro poco prometedor en su implementación. Apunto cuatro de los diversos retos que enfrentará la autoridad electoral.
En primer lugar, no queda clara una de las preguntas clave cuando se planea una elección: ¿quién vota? Queda claro que los ministros de la Suprema Corte serán electos por la totalidad del listado nominal nacional —tendría que incluir también a los mexicanos residentes en el extranjero. No obstante, existen órganos jurisdiccionales federales especializados en temas como competencia económica, radiodifusión, cateo, intervenciones, etc. Si bien la mayoría están adscritos en la CDMX, tienen una jurisdicción más amplia que los habitantes de la capital. Desde luego, la autoridad electoral no tiene capacidad para determinar si los juzgadores serán electos nacionalmente, regionalmente o en las entidades en las que estén adscritos. Así también, con los juzgadores que integran un circuito judicial, en donde habrá que adaptar la estructura local y distrital del INE, para convertirla en una estructura mixta que atienda a dos geografías electorales disímbolas.
En segundo lugar, me refiero al principio electoral del voto informado y razonado. La reforma establece una prohibición al financiamiento público y privado a las candidaturas. Más allá de la inequidad manifiesta, básicamente proscribe lo que conocemos como campañas. Frente a este hecho, es prácticamente imposible conocer trayectorias, propuestas, principios y línea jurisprudencial de las candidaturas. No obstante, se establece que tendrán acceso a la radio y la televisión. Más allá de los aspectos de producción, que deberían ser absorbidos por el INE, el reto es poder determinar una distribución equitativa para las miles de candidaturas. Se trata no sólo del derecho de quienes se presenten a la elección, sino del electorado que debe contar con información suficiente para ejercer un voto informado.
Hay que recordar que, en el proceso electoral pasado, se presentaron cientos de renuncias de candidaturas debido a amenazas, secuestros, intimidación y otras relacionadas con grupos delincuenciales. No parece irracional afirmar que estos grupos delincuenciales tendrían interés en que lleguen o no ciertas personas a instancias judiciales, que pueden ser determinantes en su libertad en caso de ser aprehendidos. ¿Cómo brindará seguridad la autoridad electoral para que las candidaturas no estén expuestas a este tipo de conductas, y cómo evitar que grupos delincuenciales hagan proselitismo a favor de candidaturas a modo?
Por último, el sistema electoral está diseñado para que la autoridad electoral delibere y tome decisiones con el acompañamiento y la exigencia de los actores del proceso electoral (partidos políticos y candidaturas independientes). En materia registral, los órganos técnicos están compuestos por representantes de los partidos políticos. En las comisiones y en el Consejo General participan partidos y miembros del Legislativo. Este diseño tiene muchas bondades, entre las que se encuentra poder confrontar, cuestionar y disentir de los proyectos de la autoridad, previo a su adopción. En este proceso, la autoridad electoral carecerá de ese elemento fundamental al sistema. Así, en una aparente soledad, el INE se enfrenta a un proceso complejo.
