Con la misma exigencia de justicia y reclamos al Gobierno del Presidente López Obrador por no haber esclarecido la desaparición de sus hijos y la respuesta de éste de haberlo intentado, madres, padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo, al cumplirse 10 años de esa tragedia, en un trayecto bajo la lluvia en el que grupos de encapuchados pintarrajearon y lapidaron fachadas de edificios y cafeterías, con plena libertad a pesar del operativo de seguridad desplegado y del bloqueo de calles del Centro Histórico.
En la ampliada explanada frente al amurallado Palacio Nacional, varios de los familiares de los estudiantes, cuyo paradero nunca fue localizado, reiteraron su demanda para el esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014, en el municipio guerrerense de Iguala, del que algunos volvieron a responsabilizar a militares, como lo han señalado desde entonces, sin que la pertinaz lluvia de la tarde-noche cesara.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Ni el diferendo por no invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de la Presidenta Sheinbaum, por no responder a la petición del Presidente López Obrador de que ofreciera una disculpa a México por lo sucedido hace 500 años en tiempos de la Conquista, distrajo la atención pública al traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, aprobada en la Cámara de Diputados y ratificada por su mayoría en el Senado.
La reforma al artículo 129 constitucional establecía que “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” y, ahora, modificada y aprobada —los congresos estatales le están dando el visto bueno—, señala que “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar podrá ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”.
En su única intervención como senador, el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con antecedentes familiares militares —su abuelo, el general Marcelino García Barragán, fue secretario de la Defensa en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y su padre, Javier García Paniagua, tuvo estrecha relación y ascendencia en el Ejército— rechazó que el pase de la GN a Sedena implique militarizar al del país.
Por unanimidad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ratificaron el triunfo de Adrián de la Garza, postulado por la coalición PAN, PRI, PRD, como alcalde de Monterrey, lo que es un revés para el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, cuya esposa, Mariana Rodríguez, fue la derrotada.
