Aquella tarde del 2 de octubre de 1968, en que al menos 38 personas fueron asesinadas en Tlatelolco, la mayoría de ellas jóvenes que participaban en el Movimiento Estudiantil que exigía libertades democráticas, sigue gravitando en nuestra vida pública.
El responsable directo de esos crímenes fue el entonces Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, pero auxiliado por los secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional, Luis Echeverría Álvarez y el general Marcelino García Barragán.
En esa plaza, la de Las Tres Culturas, accionaron cuerpos de élite, como el Estado Mayor Presidencial y el Batallón Olimpia, este último con la instrucción de capturar a los líderes estudiantiles, como en efecto ocurrió.
También estuvieron elementos de tropa, quienes resultaron emboscados por francotiradores apostados en las azoteas de los edificios de la unidad habitacional.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ofreció, a los 56 años de ese momento terrible, una disculpa pública para las víctimas.
Es una decisión correcta y que se enmarca en la no repetición y de condena a la violación a los derechos humanos.
Le tocó a Pablo Gómez, uno de los líderes del Movimiento Estudiantil y quien estuvo recluido en Lecumberri, hacer un breve recuento del esquema de poder que imperaba.
Procuradurías y jueces serviles, que lograron tergiversar los hechos para establecer una mentira: que los estudiantes en realidad eran parte de un complot para destruir al régimen.
En el Expediente 272/68 está consignado el argumentario anticomunista que marcó las sentencias en contra del propio Pablo Gómez, Heberto Castillo, Ramón Danzos Palomino, Federico Emery Ulloa, Fausto Trejo, Eduardo El Búho Valle y Carlos Medina Sevilla, entre otros.
En Pensar el 68 (Cal y arena, 1988), coordinado por Raúl Álvarez y Gilberto Guevara Niebla, Teresa Jardí escribió un recuento de las conclusiones acusatorias del Ministerio Público y de las determinaciones del juez de la causa.
Lo que ocurrió consistió en fabricar delitos para culpar a las propias víctimas de la represión, bajo el delito de disolución social.
Le asiste la razón a Pablo Gómez en lo que respecta a la memoria del Movimiento Estudiantil, su herencia y legado para la izquierda mexicana, toda, por cierto, y no sólo la que gravita en la 4T.
Pero hay una contradicción, ya que esa continuidad no es posible bajo la lógica de la Reforma Judicial en curso, porque lo que ocurrirá es que volverá la subordinación de fiscales y juzgadores al poder político en turno, porque eso es lo que provendrá del debilitamiento de la carrera judicial y de las elecciones en urnas.
Tarde o temprano se tendrá que esclarecer el sentido de la actualidad y su asidero en el pasado. Luce complejo.
