No hay duda alguna de que era necesaria una reforma al Poder Judicial.
Lo que se ha aprobado es una reforma compleja, inédita, que fue avalada en los Congresos estatales sin la más mínima discusión. Parecía que lo que trataban era de envolver lo más rápido posible el regalo para que le entregaran al Presidente su ansiada reforma antes de que terminara su sexenio.
Sin dejar de considerar la mayoría que existe en las cámaras, la prisa con la que hicieron las cosas y la falta de un debate profundo en el cual estuvieran representadas todas las voces resultaron viciados de origen, porque a pesar de que fueron escuchadas muchas voces, en muy pocos casos fueron atendidas. Se habla de 100 cambios a la reforma, pero todos ellos fueron acorde a lo que quería la mayoría, junto con modificaciones que venían con problemas de origen en la reforma.
Las profundas diferencias de los últimos días están en la interpretación de la reforma, pero sobre todo de la Constitución. Las interpretaciones tienen en el caso de la mayoría en el llamado mandato del pueblo la gran justificación. Estamos en un riesgo, porque pareciera que se pueden llevar a cabo todo tipo de cambios debido a esta máxima sin considerar el valor y la autonomía de la división de poderes.
Las decisiones de varios jueces y juezas sobre la no aplicación de la reforma, en lo que técnicamente se llama suspensión, no ha tenido repercusión y atención de parte de la mayoría en el Congreso bajo la consideración de que no procede por diversas interpretaciones a las leyes, pero sobre todo, porque se basa en el mandato del pueblo.
Estamos en el límite porque se están dando una serie de hechos en que se ha perdido el sentido de la división de poderes lo que puede llevar a que la Constitución sea interpretada y cambiada al gusto de la mayoría, perdiéndose el sentido del papel y función de cada uno de los Poderes de la Unión.
El no cumplimiento de la ley se ha convertido en un asunto de interpretaciones, pero más bien en decisiones de la mayoría acorde a sus intereses más que acorde a las leyes y al sentido que tiene la democracia, la pluralidad, el derecho de las minorías, y, sobre todo, la importancia del Estado de derecho; lo peor que nos puede pasar es que quienes hoy gobiernan piensen que son eternos, no se gana para siempre y no se pierde para siempre.
No estamos teniendo un debate sobre el tema. Estamos en el terreno del forcejeo y de las interpretaciones a modo lo que nos está llevando a que el Estado de derecho no cuente, a pesar de que la reforma aprobada es la base de muchas de las observaciones y decisiones que está tomando la Corte.
Unos dicen que estamos ante un golpe de Estado técnico y los otros hablan de un golpe de Estado en medio de un lenguaje tremendista que se convierte en sinónimo de arenga y provocación a la militancia que cala a profundidad entre la mayoría en el país. La narrativa se convierte en un elemento clave para imponer en todos los sentidos la reforma, ya se ha planteado incluso que hay que defender la reforma en las calles.
Tenemos un galimatías por delante sin que exista la voluntad de resolverlo. La Corte tomó la decisión de analizar si procede o no revisar la reforma por ocho votos a tres. De inmediato se habló de que estaba tratando de imponer sus acuerdos al Legislativo, como es público, nos llenamos de adjetivos de toda índole, por cierto.
La Presidenta no va a permitir que se dé marcha atrás por ningún motivo a la reforma, no sólo por una convicción personal, sino, sobre todo, porque es la gran reforma de su antecesor.
Esta semana puede ser definitiva con desenlace previsible.
RESQUICIOS.
“Hoy, más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir, juntas y juntos, un país más justo y solidario”. (Parte del posicionamiento de Ifigenia Martínez en la transmisión del Poder Ejecutivo, en paz descanse, maestra).
