En nuestro país existen casi nueve millones de viviendas con rezago en servicios, espacios y expuestas a fallas geológicas, deslaves e inundaciones. Esas unidades familiares son un peligro para quienes las habitan; en cualquier momento su casa se transforma en ataúd.
Adicionalmente, se estima que para 2025 harán falta 2.9 millones de nuevas viviendas. Para 2030, la proyección dice que el segundo piso de la 4T debería ser capaz de construir y distribuir 6.6 millones de nuevos hogares de cemento y tabiques.
Ayer se presentó el diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. También el plan de acciones que deberá encabezar con Conavi e Infonavit, más la Financiera para el Bienestar.
Lo primero que llama la atención de estos compromisos, es que no van por todo. Asoma la sensatez y la contención, no hay, al menos ayer en Palacio Nacional no lo hubo, ese reflejo por minimizar retos enarbolando que, sin corrupción, todo será posible. No es el caso.
Metas y plazos anunciados ayer: Se construirán un millón de viviendas, se va a mejorar o ampliar casi medio millón y otro millón se va a regularizar jurídicamente con escrituras. Este plan generará más de seis millones de empleos directos y cerca de nueve más de manera indirecta durante el sexenio.
Sabemos que la construcción es un sector de impacto inmediato en la movilidad económica de las zonas donde se emprende, sobre todo por parte del Estado cuando hay una misión y objetivos bien definidos, respaldados por planes financieros revolventes.
Importante destacar que la mitad de las viviendas serán desarrolladas por el Infonavit. También la institución que ahora dirige Octavio Romero se encargará de 250 mil créditos para mejoras y ampliaciones, para lo cual invertirá cerca de 250 mil millones de pesos de 2025 a 2030.
Para la población que no tiene derecho al Infonavit, la Conavi será la que se encargue del otro medio millón de construcciones para ofrecer viviendas en condiciones reguladas por la misión del Estado y no por la lógica comercial de bancos e inmobiliarias.
Esta comisión nacional de vivienda también toma el encargo de 300 mil mejoras a casa-habitación a partir del próximo año y hasta fin de la administración de Sheinbaum.
Reforma judicial con vicios de origen
La oposición política a la 4T —la que sea— articula la enésima estrategia legal para desacreditar e invalidar la reforma constitucional al Poder Judicial. Volverán a fracasar.
Lo mismo, pero con el matiz de la constitucionalidad del proceso legislativo, hará un sector de ministros de la SCJN. Sus probabilidades, lo saben, son remotas; más que nada se trata de dejar testimonio de su informada inconformidad.
Donde el bloque oficialista falla una vez más es en la chabacana génesis de un proyecto de nuevo Poder Judicial.
La llamada insaculación de juzgados y magistraturas a renovarse en 2025, a través de una tómbola, hace de cualquier noble intención una caricatura abominable, indefendible.