“La esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, es la certeza de que algo tiene sentido”
Vaclav Havel
La certeza jurídica es un principio fundamental del derecho que garantiza a las personas que las leyes y las normas que rigen en un país o jurisdicción sean claras, conocidas y aplicables de manera predecible. Implica que las personas puedan anticipar con razonable certeza cuáles serán las consecuencias legales de sus actos, para ello las leyes deben de ser públicas, estables y aplicables de manera imparcial.
El principio de certeza jurídica protege contra la arbitrariedad y asegura que los derechos y obligaciones se mantengan constantes, ofreciendo seguridad en las relaciones jurídicas. La certeza jurídica es esencial para el respeto al Estado de derecho, pues fomenta la confianza en las instituciones y en la justicia.
La certeza jurídica debe observar la equidad, permitiendo que las leyes se apliquen de forma uniforme, pero considerando la flexibilidad legal, para lograr un equilibrio y que no resulte injusta la aplicación rígida de la ley, pero sin contradecir la certeza jurídica que debe de imperar, por ello los sistemas jurídicos modernos buscan equilibrar ambos principios, garantizando la previsibilidad del derecho sin sacrificar la justicia.
Los elementos para garantizar la certeza jurídica son, principalmente, que existan leyes claras y conocidas previamente; que dichas leyes sean estables, evitando cambios repentinos o se apliquen criterios absurdos. El marco legal predecible ofrece estabilidad para que las personas planifiquen sus acciones y su defensa.
Otro elemento que se requiere para la certeza jurídica se refiere a la aplicación uniforme de la ley: las leyes deben de aplicarse de forma imparcial y uniforme a todas las personas, sin discriminación y sin favoritismos. La aplicación desigual de las leyes socava la certeza jurídica, ya que crea incertidumbre sobre cómo serán tratadas las personas en situaciones similares.
El debido proceso es otro de los elementos de la certeza jurídica. Los procesos judiciales y administrativos deben respetar las garantías procesales, como el derecho a la legitima defensa, la imparcialidad de los jueces, la oportunidad de ser escuchados; para ello se requiere que los jueces estén capacitados para resolver de manera justa y predecible.
Uno de los principales operadores de la certeza jurídica son los jueces, pues son lo que aplicarán las leyes. Qué importa si las leyes son claras y objetivas si los jueces no las interpretan y aplican de manera imparcial y coherente, asegurando que los casos similares se resuelvan de forma similar; con ello se refuerza la predictibilidad del sistema jurídico. Por lo anterior, los jueces con sus sentencias son el penúltimo eslabón de la cadena jurídica para dar certeza legal.
El último elemento de la certeza jurídica, después de tener leyes claras y justas, y que los jueces las apliquen de forma imparcial, consiste en que dichas sentencias se ejecuten, pues de lo contrario de nada serviría tener todo un aparato jurídico para que al final sea ineficaz la sentencia al no poder ejecutarse; de su ejecución resulta la eficacia de un sistema jurídico.
En nuestro país, un problema que se tiene en muchas regiones, donde impera el crimen organizado, es la imposibilidad o el alto riesgo de ejecutar una sentencia; para ello se requiere recuperar las zonas que domina el crimen organizado, para lograr un verdadero Estado de derecho y tener certeza jurídica plena.
