Investigación otra vez en el bar República
Y anoche se abrió una indagatoria luego de darse a conocer información sobre un incidente en el que hubo disparos en el bar República, ubicado en Polanco. “En atención a una noticia criminal publicada en una red social”, la fiscalía capitalina “inició una carpeta de investigación por la posible comisión de los delitos de lesiones dolosas por arma de fuego y disparo de arma de fuego, registrados en un establecimiento ubicado en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo”, informó anoche. El Ministerio Público, en coordinación con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, inició las diligencias, agregó. Horas antes Vampipe, creador de contenido político, había informado sobre el asunto que “no se habló mucho de eso porque el dueño es Javier Díaz (amigo de Andy López Beltrán) y porque convenció a quien le dispararon que no denunciara para que no lo clausuraran. Por cierto, a Javier Díaz se le atribuye la distribución del video del hijo de Xóchitl durante la campaña”. Así el tema.
Y en donde se empezaron a ver los frutos de la estrategia de seguridad del nuevo Gobierno federal fue en Sinaloa, con la captura, por parte del Ejército, de Luis Alberto “N”, El Cañas, un destacado jefe de célula del Cártel de Sinaloa, y cuatro cómplices. Los cinco peligrosos sicarios fueron sorprendidos por los elementos castrenses en el poblado de Guamuchilera, en el municipio de Culiacán, el que se ha visto más afectado por la ola de violencia a la que no se le ve fin. En la acción, los militares aseguraron cinco armas de alto poder, 11 cargadores, 524 cartuchos, dos granadas, equipo táctico y dos vehículos. Uno de los pilares de la estrategia a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, es la neutralización de generadores de violencia, que fue precisamente lo que ocurrió ayer en el citado poblado sinaloense. El Gobierno federal hace su trabajo en Sinaloa. ¿Y el estatal? Entre nubes y montajes, nos comentan. Uf.
En Morelos, ¿activos o lastres?
Y resulta que Ulises Bravo, dirigente local de Morena en Morelos, tuvo que interrumpir el discurso que pretendía pronunciar ante la dirigencia nacional, encabezada por Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, durante una asamblea informativa en Cuernavaca. Y es que al hermano del exgobernador Cuauhtémoc Blanco, nos platican, las bases morenistas le gritaban “¡fuera, fuera!”, y lo acusaban de “chapulín”, ante la mirada de molestia por parte de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional guinda. “El objetivo no es generar discordia; entiendo que el proceso electoral pasado dejó algunas inconformidades, de las cuales no soy responsable, pero mi intención no es estar aquí para generar controversia y polémica, sino nada más para dar la bienvenida a los miembros de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, así que no quiero salirme de ese contexto y me despido saludándolos y diciéndoles que hay Ulises Bravo para rato, y estoy a sus órdenes”, manifestó el hermano del exmandatario que dejó sumida a la entidad en una crisis de inseguridad y retroceso social. Morena deberá ahora definir si la dirigencia estatal es un activo o es lastre.
Los poderosos comités de evaluación
Y nos piden estar pendientes de los nombres que se empiecen a barajar para integrar los comités de evaluación que cada uno de los tres Poderes de la Unión deben establecer a más tardar en 10 días. Y es que éstos, según la reforma al Poder Judicial, son el principal filtro que deben pasar quienes aspiren a postularse para ser jueces, magistrados o ministros en las elecciones que se llevarán a cabo en 2025. Ayer, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, sostuvo que el comité de evaluación que establezca el Legislativo será “de alto nivel y de alto prestigio” y ha dicho también que “no van a poder pasar perfiles improvisados o incondicionales de los poderes o sin capacidad y talento”. Nos hacen ver que sería importante que además de los nombres de los integrantes, se pudieran conocer sus procedimientos administrativos —de recepción, resguardo y revisión de documentos—, o de evaluación de perfiles —si aplicarán pruebas o entrevistas— y, sobre todo, sea transparente y público. De lo contrario, tendrían que alistarse a recibir, como ha ocurrido hasta ahora, otra andanada de amparos.
Hay muchos que creen que la propuesta del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, de liquidar el Fobaproa, sólo busca jalar los reflectores, pues si bien la idea parece atractiva, su puesta en práctica podría generar un sinfín de problemas. Eliminar de un plumazo el fondo en cuestión implicaría desconocer la deuda que el Estado aún tiene con inversionistas mexicanos y extranjeros. La forma en que dicho fondo fue creado, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, e instrumentado en el de Ernesto Zedillo, es debatible, pero lo cierto es que en estos momentos el Estado tiene un compromiso que no puede cancelar de buenas a primeras. Liquidar el Fobaproa, nos dicen los expertos, aumentaría la desconfianza de los inversionistas, de por sí lastimada por la reforma judicial y por la posible desaparición de los órganos autónomos. Meterse con el Fobaproa sin un análisis exhaustivo de las consecuencias y de los escenarios posibles, es jugar con fuego. Pendientes.
Recaban firmas contra ministros
Y nos cuentan que afuera de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, simpatizantes de Morena comenzaron a recabar firmas con el fin de solicitar a los diputados federales que se realice juicio político a los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votaron en favor de dar entrada a los recursos contra la reforma judicial. Nos comentan que los organizadores de esta iniciativa tacharon de “corruptos” y “traidores a la patria” también a jueces que resolvieron imponer suspensiones en contra de la enmienda constitucional. Ya se verá qué cauce toma esa iniciativa morenista, aunque, nos dicen, la idea de un juicio político no sólo ha surgido en las filas de simpatizantes, sino también en las cámaras de Senadores y de Diputados. Entre las caras visibles de realizar esa acción destaca por ejemplo la del diputado Sergio Gutiérrez Luna, quien preside la Mesa Directiva en San Lázaro y hace unos días informó que había presentado ya una solicitud de juicio político y denuncia penal contra la jueza Martha Eugenia Magaña López y contra el juez Felipe Consuelo Soto.