El plan y la promesa de la Cuarta Transformación fueron la de rescatar el sureste del país. “Hacerle justicia”, dijeron en su momento, a las personas que durante décadas vivieron en la pobreza, olvidados por los gobiernos y cobijados por sus usos y costumbres.
Se explicó aquella vez que, con datos duros en la mano, el crecimiento histórico del país había sido desigual. Un promedio de dos por ciento, pero asimétrico, crecían los estados del norte y del centro, pero los del sureste seguían quedando marginados.
Se anunciaron inversiones en proyectos de energía, no sólo eléctricos, sino petroleros; infraestructura como el Tren Maya, el Corredor del Istmo de Tehuantepec y otros más, con lo que se prometió que se iría emparejando la cosa.
Las intenciones no son malas, sólo que la receta, cuando no tiene una pizca de realidad, se vuelve una quimera. Y a ese plan para rescatar al sureste, le faltó un análisis y un plan real en materia de seguridad.
En sintonía con lo que se pensaba desde Palacio Nacional, en 2022 la entonces secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que el sureste mexicano era la región más segura del país y le dio el crédito a “los valores, las costumbres, el apego familiar y la herencia cultural de la región”.
Afirmó entonces que los proyectos impulsados por la 4T en las entidades que conforman esta parte de la República mejorarían la economía y contribuirían a que continuaran las condiciones de paz.
“Por primera vez, esta zona tiene inversiones históricas en infraestructura que fortalece la integración en las regiones y la cohesión social con el Corredor Transístmico, la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y otros proyectos no menos importantes como la mejora de caminos rurales, el apoyo que se brinda para la construcción de una planta coquizadora y la reforestación”, dijo enfática en un encuentro en el que estuvieron autoridades de distintos órdenes de Gobierno.
Aquel evento se llevó a cabo en Chiapas, la misma entidad donde este fin de semana al salir de misa, el activista y sacerdote Marcelo Pérez Pérez fue asesinado a balazos por integrantes de una banda delictiva de la zona.
La ejecución generó distintas reacciones desde diferentes trincheras, tanto la Iglesia como organizaciones civiles pusieron el dedo en la llaga: no hay una estrategia de seguridad, ni para el sureste ni para otras regiones del país.
No es un secreto que al mismo tiempo que los proyectos de inversión han ido llegando a la región, las extorsiones, los cobros de piso, los secuestros y las ejecuciones también se han vuelto el pan de cada día en distintas ciudades de Chiapas, Oaxaca y Tabasco.
A este ritmo, la promesa de justicia para el sureste del país se convertirá en una estrategia fallida de ajusticiamientos por parte del crimen organizado, con bandas criminales que parecen operar con total libertad e impunidad, teniendo el control en estos estados.
En el baúl. Los trabajos se han vuelto intensos en el INE para conformar su presupuesto y entregarlo la primera semana de noviembre al Congreso. Ya lo dijo la consejera presidenta, el conflicto por la reforma al Poder Judicial y la incertidumbre sobre si el árbitro electoral organizará o no la elección los tiene en vilo y los ha metido en apuros, pues los números deben cuadrar.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!