Escala, y agrava, el enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y Judicial por la reforma a éste, que lleva al país a una crisis constitucional si una autoridad, en este caso la Presidenta de la República y el Director del Diario Oficial de la Federación, desatienden la orden de la jueza federal Nancy Juárez Salas, que ordenó bajar la publicación de la reforma judicial, el 15 de septiembre pasado, subida por su antecesor, a dos semanas de concluir su mandato.
Después de que la Presidenta respondió que la jueza no tiene ninguna atribución para ordenar que se baje del DOF esa publicación, “porque no está por encima del pueblo de México y jurídicamente no tiene ningún sustento”, ésta le replicó ayer que el argumento que la mandataria maneja es totalmente falso, y explicó que “el Poder Judicial tiene la facultad exclusiva de defender al pueblo de los actos arbitrarios de otra autoridad que, de no cumplirse, rompe el Estado de derecho y se traduce en una anarquía en la que cada quien hace lo que quiera y no se van a respetar las leyes”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, sostuvo que autoridades, gobernantes y ciudadanos, deben cumplir las leyes porque con ello se preserva el respeto a la democracia, al Estado de derecho y a la división de poderes, elementos básicos para un Estado constitucional.
En un mensaje en la inauguración del XVL Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en la UNAM, aseguró que, en toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de derecho debe evaluarse, debatirse y enriquecerse y alertó que “cuando múltiples voces se alzan en coro de advertencias —como ocurre hoy— es prudente poner atención”.
Agregó que, con esa reforma, los mexicanos pierden derecho a una justicia imparcial porque el respeto a los derechos humanos está en riesgo por la politización de la justicia y desaparición de la carrera judicial, que erosiona la certeza jurídica que afecta a ciudadanos y compromete la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país.
En la primera “contramañanera” de representantes del Poder Jiudicial de la Federación, el magistrado Juan José Olvera López dio a conocer una tarjeta informativa del juez federal del Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, Alejandro Alberto Díaz, en la que desmiente el informe de la FGR de que los indicios hemáticos hallados en la finca en la que fue asesinado el exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén, correspondan a éste.
Por cierto, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, salió ahora con que “no sabía” que Cuén tuviera relación con Zambada y el narco.
