Estamos en tiempos en que las grandes definiciones del destino-país pasan por el desenlace, en muchos sentidos previsible, sobre la reforma al Poder Judicial.
Cada vez que surgen críticas, sugerencias, amparos y suspensiones a la reforma, aparecen de inmediato nuevos elementos manejados desde la mayoría para mover el marco constitucional, de tal manera que les puedan ser favorables para todas las decisiones que vayan tomando. Para decirlo claro, con base en la interpretación de los resultados de las elecciones de junio para eso era y es el Plan C.
La inminente aprobación de la propuesta de Morena, en el sentido de que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de amparo alguno, va cerrando en definitiva la posibilidad de que la oposición y los ciudadanos tengan un instrumento para oponerse en caso de que consideren que las reformas constitucionales violen o alteren a la propia Constitución.
Es una de las acciones más importantes que está tomando la mayoría en términos de imponer sus decisiones, sin importarle los planteamientos ciudadanos ajenos a los partidos y de quienes revisando las leyes consideren que se están violando. La puerta se cierra a cualquier tipo de inconformidad que tenga que ver con lo que la mayoría estaba aprobando en las cámaras.
La defensa que se hará de las muchas decisiones que se tomen a partir de ahora va a tener paradójicamente en la Constitución la defensa de la aprobación que haga la mayoría de cualquier tipo de instrumentos jurídicos constitucionales.
Se está usando a la democracia para actuar de manera unilateral, pasando por alto cualquier lineamiento de pluralidad, aspecto fundamental en la definición y aplicación de la democracia.
La decisión nos coloca bajo condiciones profundamente delicadas, porque se va caminando con rumbo a una acción unilateral de la vida política, económica y social del país. La opinión de quien no piensa de la misma manera que la mayoría pasa a segundo plano, sin importar el valor que tenga y lo que pudiera enriquecer las propuestas que ya se vio va imponiendo la mayoría.
A partir de la eventual aprobación de la propuesta muy probablemente se cierre el camino en definitiva de cualquier alternativa para la reforma al Poder Judicial. Encontraron un resquicio legal ante elementos que cuestionan forma y fondo de la reforma. Quieren echarla a andar lo más pronto posible, porque pudiera ser que vayan encontrando muchos problemas que eventualmente pudieran impedir dar el siguiente paso para su instrumentación.
La mayoría tiene constitucionalmente los votos y la decisión, pero cada vez más están apareciendo elementos de imposición que nos pueden llevar a callejones sin salida ante los que al final se tomen decisiones cargadas de ocurrencias para evitar los posibles problemas que puedan enfrentar.
Lo que está haciendo la mayoría es de una vez por todas pegar en la mesa. Cada vez hay menos disposición a escuchar las voces críticas hacia el proceso. La mayoría trae prisa porque es una exigencia de López Obrador quien sigue siendo una constante en el imaginario colectivo y porque la Presidenta lo tiene desde la campaña como un debe.
Tienen prisa, porque además van percibiendo que las reacciones internacionales crecen y pueden ser un factor sobre todo en términos internacionales.
La multicitada reunión en Harvard más que una burla a los mexicanos fue una reacción ante un hecho inédito en la forma en que se eligen jueces y magistrados en el mundo. La reacción se debió a cuando el ministro de la Corte informó que para seleccionarlos se requiere de cinco cartas de recomendación de los vecinos; habrá que reconocer que es inédito por no decir otra cosa.
Como nos dijo ayer un legislador: para eso tenemos el Plan C y para eso tenemos la mayoría.
RESQUICIOS.
A partir de la aprobación de que no hay amparo que valga, queda claro que la oposición y los ciudadanos que se opongan a cualquier reforma tampoco van a poder meter las manos.